La Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó el decreto gubernamental que disponía restricciones o endurecimiento para el otorgamiento de salidas transitorias a reclusos alojados en cárceles de toda la provincia. En el mismo fallo, el tribunal de Alzada rechazó la apelación de un habeas corpus presentado por un grupo de defensores públicos de Santa Fe que pedía se declare inconstitucional el decreto 4127/2016 porque consideraban que violaba los principios básicos de la carta magna.

El tribunal integrado por los jueces Enrique Alvarez, Roberto Prieu Mántaras y Martha María Feijoo confirmó la legitimidad del decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz, y que contaba con el aval del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. En esa normativa se establecían nuevos criterios a la hora de informar de manera más acabada y completa al Poder Judicial sobre los antecedentes y el tránsito institucional de los reclusos previo al otorgamiento de ciertos beneficios como salidas transitorias o libertades condicionales.

En la resolución, se dejó en claro que el nuevo decreto dispone, en su artículo 127, que "la calificación de concepto estará basada en pautas objetivas de valoración y su evaluación estará sujeta a lo siguiente: a) deberá respetar como base inicial la calificación de conducta obtenida por el interno b) se restara un grado de concepto por cada una de las siguientes circunstancias: l- reincidencia; 2- evasión o quebrantamiento de reglas de soltura; 3- baja laboral imputable al interno en los últimos dos años, 4- reiteración de faltas que no impliquen un descenso conductual, y 5- encontrase cumpliendo condena por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código Penal".

Además, ratificó la posición de Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, quien sostuvo que "la reforma atacada ha tratado de instituir una serie de pautas objetivas respecto al concepto, que no se tratan de casos de aplicación de las normas en forma retroactiva y que toda resolución administrativa del Servicio Penitenciario es sujeta de revisión por los magistrados".

Por otra parte, la Cámara, afirmó que "en tal sentido el "Concepto" se vincula con el esfuerzo por cumplir con los objetivos propuestos en el programa de tratamiento resocializador que se le ofrece, es decir se presenta como un registro de la evolución personal del interno de la que se deduce su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social de conformidad al tratamiento aplicado motivo por el cual su valoración es mucho más amplia que la conducta, quedando la asignación de la calificación dentro del ámbito discrecional de los distintos equipos que integran el Consejo Correccional".

En su momento, el decreto 4127/2016 había sido rechazado por jueces penales de Rosario y Santa Fe.