El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, presentó el viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, con la participación del Estado nacional, arriben a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La Picasa.

La presentación se realizó en el marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó, por este tema, para el 8 de noviembre.

El escrito consta de tres propuestas puntuales. La primera impulsa la “creación de un ente operativo con participación de todas las provincias y de la Nación dentro del Comité de Cuenca Interjurisdiccional, con competencia en el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y monitoreo permanente de la cuenca”, de acuerdo con la recomendación de las Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas en el mes de marzo de 2017.

La segunda propuesta consiste en solicitar que se autorice a las “Defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a firmar un convenio donde las partes se comprometan a desarrollar procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas”. La sugerencia cuenta con el antecedente del conflicto de la Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el compromiso de “instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana”. En ese caso, las defensorías del Pueblo de la Nación, y de Tucumán y Santiago del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones.

En tercer lugar, el defensor solicitó a la Corte que, “si lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Salado bonaerense”, dado que en este caso está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. En ese punto, Lamberto sugirió la creación de una cuenca hidrográfica de carácter interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean adoptadas por consenso de las partes que la conforman.