El inicio de la investigación al Departamento de Logística de la Policía de Santa Fe (D4) por un presunto fraude en el área Automotores -y que derivó en la detención del exjefe de la Policía de la provincia, comisario inspector Rafael Grau-, tuvo su inicio en una denuncia anónima que llegó al despacho del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.

En esa misiva, recibida el 4 de mayo del año pasado, se indicaba que la Policía contrataba servicios a talleres mecánicos y otros rubros para la reparación de los móviles de la fuerza.

Al tomar conocimiento Pullaro dio vista al fiscal Roberto Apullán, quien ordenó a Gendarmería Nacional la realización de allanamientos en talleres mecánicos (tres de la ciudad de Santa Fe y uno de Rosario). En los procedimientos también se allanaron oficinas públicas, tanto de la Jefatura como de la propia UR 1, y se peritaron 10 vehículos. La posterior pericia de Gendarmería indicó que en la mitad de las unidades no se había realizado reparación alguna.

Como consecuencia de esa investigación, el 19 de mayo de 2016 fueron desplazados de sus cargos de manera preventiva, los jefes del D4 José Leiva y Juan Barrios. En esos lugares quedaron el comisario Víctor Teófilo Pereyra secundado por la comisaria Claudia Baella.  

El 31 de marzo, el comisario inspector Rafael Grau -quien este martes fue detenido en el marco de la causa donde se investiga la posible defraudación al Estado provincial - presentaba su renuncia al cargo de jefe de la Policía de la provincia luego de mantener una fuerte discusión con el ministro Pullaro.

Grau fue reemplazado por el comisario Luis Bruschi, quien el 18 de agosto del año pasado pidió licencia y luego se retiró de la fuerza, siendo reemplazado por José Luis Amaya.

La investigación en el D4 siguió su curso y ahora Grau fue detenido en su domicilio de Castelli al 4300, en la ciudad de Santa Fe. En el marco de la causa, también fueron detenidos dos integrantes de la fuerza en actividad: el exjefe del D4 y de la Policía de Esperanza, José María Leiva, y el habilitado policial, encargado de autorizar los gastos de la fuerza, Ariel Villanueva. También se libraron órdenes de detención sobre cinco civiles, todos ellos mayores de edad.