El juez de primera instancia Carlos Leiva resolvió en audiencia imputativa liberar a los cuatro detenidos en el marco de la investigación por la ola de falsas amenazas de bomba en escuelas rosarinas. Si bien recuperaron la libertad, el magistrado consideró pertinente imputarlos del delito de intimidación pública. El beneficio de la excarcelación (que deberá complementarse con una presentación quincenal ante la Oficina Judicial de Gestiones) permitió el reencuentro de los padres con sus hijos.

El proceso investigativo, en tanto, sigue su curso y no se descartan nuevos allanamientos para dar con otros autores de falsas amenazas de bomba.

La del viernes fue una extensa audiencia celebrada en la sala 1 del primer piso de los Tribunales provinciales, que estuvo atestada de público y donde los imputados afrontaron los cargos presentados por el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien reunió evidencia relacionada con el oleaje de amenazas que sufrieron las escuelas rosarinas.

Antes del proceso, uno de los imputados logró la libertad, mientras que dos madres de alumnos y un joven de 20 años fueron al estrado judicial.

Tras el planteo de "irrazonabilidad e ilegalidad" que esgrimió el defensor general Juan Pablo Nardín y la réplica de Ponce Asahad, que fundamentó lo actuado por la fiscalía a su cargo, el juez Leiva consideró que no existía "vicio alguno" en las detenciones.

Acto seguido comenzaron los cargos, la defensa y la presentación de las evidencias.

Ante el magistrado comparecieron las madres de los adolescentes: Silvina Guadalupe B y Carla Lorena M. También lo hizo Eber Hugo A., un joven de 20 años que engrosaba la lista de detenidos.

Llamada clave

El primer turno fue el cargo presentado contra Carla M. El 31 de agosto, a las 16.19, partió desde un celular inscripto a su nombre un llamado intimidatorio al 911 orientado a la Técnica Nº 431 (Entre Ríos al 100). Entre las evidencias, Ponce Asahad enumeró los protocolos de actuación de la Brigada de Explosivos y el audio recibido en la central policial.

"Jamás hice el llamado", dijo la mujer y señaló que el teléfono lo usa su hija de 14 años "por motivos de seguridad".

Luego se leyeron los cargos contra Silvina B. Le endilgaron una comunicación efectuada el 1º de septiembre a las 9.08. "La línea es mía, pero no hice el llamado", indicó en su escueta declaración y admitió que el celular se lo cedió a su hijo de 17 años, que es alumno de la ex Técnica Nº 5, de Corrientes al 600.

A Eber Hugo A., en tanto, le imputaron que desde su celular partió un llamado el 29 de junio a las 20.15 con una falsa amenaza a la Técnica Nº 468 Luis Laporte. Ese teléfono fue secuestrado en un allanamiento realizado el 7 de septiembre pasado. Además, el fiscal agregó una captura de pantalla del Whattsapp del celular con el hashtag #bomba8059.

"Yo no llamé. Le presté el teléfono a un pibe en el kiosco que quería usarlo. Después me fijé y no estaba marcado el 911. Además, la foto con el hashtag es de mucho tiempo antes que la llamada", indicó el joven de 20 años.

En su alegato, el fiscal recordó que la ciudad está conmovida por las amenazas y enumeró los perjuicios que estas desencadenaron, tales como las evacuaciones escolares, el caos en el tránsito y el riesgo que aparejó en la población infantil el estar fuera de las aulas.

"Se encendió el alerta naranja y aún hoy se lesiona el bien jurídico", resaltó Ponce Asahad y solicitó como alternativa la libertad bajo caución real de 10 mil pesos por acusado, lo que fue rechazado.

El juez Leiva remarcó que el delito de intimidación pública "es razonablemente adecuado, ya que compromete el orden público y no la seguridad", y argumentó que "la apariencia de responsabilidad luce solventada".

Los acusados seguirán bajo proceso judicial en libertad y deberán presentarse quincenalmente ante la Oficina de Gestión Judicial.

El magistrado consideró que no cuentan con antecedentes penales y no hay peligro de fuga ni de obstrucción de las pruebas, que resultaron debidamente cauteladas.