La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó una millonaria condena por daños y perjuicios contra la empresa Aufe, que durante 15 años fue concesionaria privada de la autopista Rosario-Santa Fe.

La condena de la Justicia Civil y Comercial es por un accidente que se registró a principios de septiembre de 2006 a la altura del kilómetro 26 de la autopista Brigadier López. Producto de una intensa lluvia, ese día la traza presentaba una importante acumulación de agua sobre el pavimento.

Un automovilista que circulaba en sentido a Rosario a bordo de un Fiat Duna, identificado como G.J.B., cambió de carril para cederle el paso a otro vehículo que quería sobrepasarlo. Pero al regresar a su carril se encontró con un gran charco de agua que cubría la calzada y la banquina.

Los neumáticos perdieron adherencia y el automovilista el control del vehículo, derrapó de costado hacia el cantero central y chocó contra una construcción de cemento. El hombre que manejaba el Duna sufrió una lesión en la columna vertebral y terminó cuadripléjico.

Según se supo, en la pericia practicada por un ingeniero mecánico se destaca las dificultades para conducir cuando hay agua en la cinta asfáltica y más aún cuando en el pavimento se forma una huella. En la resolución de la Cámara de Apelaciones firmada por los jueces Edgar Baracat, Avelino Rodil y Ariel Ariza se advierte que "las importantes deformaciones y desniveles asimétricos" provocaron la pérdida de control del vehículo.

En el fallo de primera instancia, confirmado por la Cámara de Apelaciones, el juez Civil y Comercial Iván Kvasina había señalado que "deviene incuestionable la responsabilidad de la concesionaria por el siniestro ocurrido, cabiendo tener por incumplido el deber de seguridad que le correspondía", y que "ningún tipo de prueba permite fehacientemente comprobar la culpa de la víctima".

De esta forma, la empresa Aufe deberá pagar al automovilista que quedó inválido por el siniestro más de seis millones y medio de pesos, mientras que dos aseguradoras tendrán que abonar cerca de 2 millones de pesos.