El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, aseguró que se va a impulsar una "investigación al máximo" para encontrar a los responsables de las falsas amenazas de bomba en Rosario, que crecieron de manera exponencial alcanzando en lo que va del año a más de 170 casos.

Según trascendió, estarían identificados cinco de los números de teléfono desde donde se realizaron las llamadas.

"Esos hechos generan un nivel de conmoción muy fuerte", resaltó Baclini, quien precisó que cada llamado por amenaza de bomba implica "que la brigada de explosivos tenga que constituirse, tienen que desalojar, evaluar si está o no el explosivo", y no hay "cantidad de equipo suficiente para hacerle frente a tantas situaciones que terminan siendo una broma".

Baclini aseguró que "se ha asignado un fiscal para que aglutine todas las investigaciones y empiece a evaluar de dónde provienen los llamados telefónicos", y destacó que "vamos a impulsar las investigaciones al máximo para encontrar a los responsables, que tendrán las sanciones que correspondan".

"Hay una investigación que está teniendo su evolución", se limitó a señalar en diálogo con Canal 5 sobre la marcha de las investigaciones.

El fiscal Gustavo Ponce Asad se reunió este lunes con funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial. Según trascendió, cinco números de teléfono celular utilizados en las falsas amenazas ya habrían sido identificados, y ahora resta establecer los titulares de las líneas.

El director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, destacó que "por cada incidencia se afectan cuatro o cinco vehículos, entre diez y quince personas, y la Municipalidad aporta agentes de la GUM, de Tránsito y demás personal".

Dijo que cada operativo demora "de 45 a 60 minutos para descartar cualquier tipo de artefacto explosivo, pero el tránsito se ve afectado de una hora y media a dos horas".

Por todo esto, señaló, se están calculando los costos de todo el traslado de personal para que "aquél que lo hizo como una gracia o una broma, deba soportar el costo del operativo y no deba ser pagado por todos los ciudadanos".