El juez federal Julián Ercolini citó para noviembre próximo, tras las elecciones legislativas, a prestar declaraciones indagatorias a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y al detenido empresario Lázaro Báez en la causa "Hotesur", donde se investiga, entre otros, el delito de lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que la resolución hizo lugar al requerimiento que los fiscales federales Gerardo Pollicita y su adjunto en la causa, Ignacio Mahiques, habían presentado el 30 de mayo pasado al tribunal.

Las convocatorias a indagatorias cursadas por el magistrado son para el 9 de noviembre, a las 10, en el caso de la ex jefa de Estado; 13 noviembre, a las 10, el diputado nacional Máximo Kirchner, y 15 de noviembre, a las 10, Florencia Kirchner, en tanto Báez debe ser llevado a comparecer desde la cárcel el 28 de noviembre.

De tal manera, Cristina Fernández deberá declarar 20 días después de las elecciones legislativas del 22 de octubre, cuando se presentará como candidata a senadora nacional bonaerense por Unidad Ciudadana, acompañada en segundo término por Jorge Taiana.

Ercolini sostuvo que la más de una veintena de personas imputadas en la causa "habrían intervenido en las diferentes etapas de las maniobras que fueron diseñadas y pergeñadas, principalmente, por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez para lograr otorgarle apariencia lícita al dinero que había sido irregularmente asignado a empresas de propiedad de este último".

Y, en consecuencia, resolvió: "Entiendo que existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y que se encuentra corroborado el estado de sospecha requerido (...) para convocar a prestar declaración indagatoria" a los acusados.

El magistrado resaltó que en la fiscalía sostuvo en su requerimiento que "los exmandatarios Kirchner y Fernández habían elaborado junto con aquel empresario (por Báez) un sistema destinado a disimular el carácter ilícito, en principio, de parte de las ganancias que se habrían obtenido mediante la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz con el fin de transferirlas a su patrimonio y el de su núcleo familiar".

El juez resolvió, además, mantener la inhibición de bienes que había dictado sobre Fernández, sus hijos y Báez, así como ampliarla al resto de los imputados porque, sostuvo, "deviene necesaria" pues "abarca todos los bienes conocidos o que aún no se conocen y al mismo tiempo evita su disminución, ya que impide que sean vendidos o gravados".

La denominada causa Hotesur es un desprendimiento de otro expediente judicial por supuesto direccionamiento de la obra pública, en el cual Ercolini ya procesó por presunta asociación ilícita a la ex presidenta y a Báez, titular de Austral Construcciones SA, entre otros.

En ese proceso, el juez dispuso en junio pasado una virtual intervención judicial de Hotesur SA, así como de las empresas Valle Mitre e Idea, vinculadas a los hoteles de la familia Kirchner, y designó "dos veedores informantes de la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos)".

La sociedad Hotesur es propietaria del hotel Alto Calafate, en esa localidad de la provincia de Santa Cruz y fue denunciada, en 2014, por la líder del GEN, Margarita Stolbizer, ante la Inspección General de Justicia (IGJ).