El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio de Rosario, Fernando Rodrigo (presidente de la asociación de fiscales de la provincia), fue licenciado de su cargo por irregularidades en escuchas telefónicas, según una denuncia que fue presentada el lunes pasado por una mujer, que era su expareja (Jésica G.) y cuyo teléfono habría sido intervenido en el marco de otras escuchas para tener conocimiento de sus conversaciones. "Esto es de suma gravedad institucional", dijeron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes admitieron que "todos los indicios dan cuenta de la veracidad de la denuncia". Por el momento, el fiscal está licenciado, a la vez que fue separado de las causas que estaba llevando adelante -esta semana tuvo especial protagonismo por los allanamientos a los desarmaderos ilegales- al tiempo que están evaluando la suspensión provisoria mientras se sustancia la investigación. "La fiscalía toma conocimiento de la denuncia y rápidamente pone a la Auditora General (María Cecilia Vranicich) en conocimiento del tema, quien le da intervención a la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto, para que se maneje desde otra jurisdicción, y se ponen todos los mecanismos activos para dilucidar la situación y que haya la mayor claridad posible", dijo Sebastián Carranza, vocero de la fiscalía. Su expareja tiene ahora una "custodia preventiva pedida por ella y también por la fiscalía", teniendo en cuenta que "esto es una gran gravedad institucional que tiene que tener todos los mecanismos a disposición para que se llegue a un resultado concreto". Si bien no afecta las investigaciones que venía llevando a cabo el fiscal, las cuales fueron derivadas a otros colegas para "garantizar la transparencia", según aclaran desde el MPA, ya procedieron a "allanarles la casa y las oficinas y le secuestraron computadoras, celulares, tablet, y todos los elementos que pueden aportar a la causa", sentenció Carranza.