La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría ordenó bloquear los aportes para la campaña de las principales fuerzas políticas tras rechazar las rendiciones de cuentas de 2015.

La magistrada se pronunció de esta forma al avalar un planteo del fiscal federal Jorge Di Lello, quien le había pedido que no aprobara los balances de 2015 de Sergio Massa (Alianza UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), luego de que también rechazara las de Mauricio Macri (Cambiemos), Daniel Scioli (Frente para la Victoria) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal).

El pedido estaba basado en las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral, que enumeraron decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última campaña presidencial de 2015.

Si bien la jueza dispuso suspender la asignación de los fondos públicos que les corresponden para los comicios entrantes, esto es las Paso legislativas del 13 de agosto próximo, la medida no tendrá impacto hasta tanto no se pronuncie la Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal electoral del país, ante los inminentes recursos de apelación.

En su presentación, el fiscal Di Lello advirtió: "Las alianzas no han podido demostrar de forma precisa el origen y el destino de los fondos recibidos".

Cambiemos, Frente para la Victoria, UNA y Compromiso Federal son los partidos con observaciones más complejas: según trascendió, las objeciones incluyen falsos donantes, asesores fantasma, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar.

Los partidos respondieron a los planteos, pero en la mayoría de los casos no pudieron justificar sus faltas y ahora tendrán diez días para realizar sus descargos.

Progresistas y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tuvieron sólo algunas observaciones administrativas de menor calibre en las auditorías, si bien tampoco fueron aprobados sus gastos.

La Cámara Electoral remarcó en la auditoría que la lista encabezada por Massa incurrió en llamativos gastos de precampaña, es decir, aquellos desembolsos realizados antes del período permitido por ley. Carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez Sarsfield para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por no haber sido declarados.

Ahora investigan el origen del dinero para hacer frente a todos esos gastos. En su lista de aportantes (menos de 40 nombres), UNA incluye algunos funcionarios cercanos a Massa, pero también figuran una buena cantidad de empleados públicos. La mitad de los aportantes (todos con bajos montos) están en la planta de empleados de Tigre.

Los auditores elevaron a la Justicia distintas irregularidades también de Cambiemos y el FpV, sus principales rivales en las presidenciales. Señalaron sobre las cuentas de Macri que pudo haber recibido aportes millonarios indirectos provenientes de empresas, así como donaciones de distintas personas jurídicas a la campaña —que está prohibido— a través del PRO nacional.

La Cámara detectó que el kirchnerismo no declaró ninguna de las cenas de recaudación de fondos, como la organizada en Parque Norte. El entonces gobernador Daniel Scioli respondió a la Justicia que no fue un acto de campaña sino un acto institucional.