El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea citada a declaración indagatoria por la compra supuestamente irregular de un edificio para el Ministerio Público, en 2013.

Fuentes judiciales informaron que el funcionario judicial consideró que se impone "la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido" en la adquisición del inmueble ubicado en la calle Perón 667 por 43,8 millones de pesos (unos 8 millones de dólares en 2013). También pidió Taiano que comparezcan a declarar como imputados Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino. Taiano basó el requerimiento que presentó al juez federal Julián Ercolini en "la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido como meta del procedimiento y el interés social por el esclarecimiento de los casos de corrupción". Todo lo cual, añadió, "demanda un proceso judicial sin dilaciones que atienda a los compromisos del Estado argentino ante la comunidad internacional (Pacto Internacional contra la Corrupción) y al artículo 36 de la Constitución". Casi a la vez, la defensa de la Procuradora General pidió al juez Ercolini que Gils Carbó sea sobreseída en la causa. "El conjunto de la prueba recibida en la instrucción (...) ha permitido también descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento", sostuvo el pedido del abogado defensor Alejandro Rúa. En esta causa se investiga la compra a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, del edificio ubicado en la calle Perón 667 por parte de la Procuración General, que ya tenía su sede tradicional en la calle Guido al 1500, en el barrio de Recoleta. En la operación Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado de asesor a Juan Carlos Thill, hermano del contador Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio. El diputado por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, no descartó "para nada" que el Gobierno destituya por decreto a Gils Carbó y puso de antecedente la destitución en 1991 del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, por el entonces presidente Carlos Menem.

 

Por su parte, Gils Carbó declaró, en una entrevista concedida al diario El Cronista, que "nunca he cedido a las presiones ni voy a ceder en este momento" y aseguró: "No voy a renunciar".