El grupo Masa S.A. que posee cinco efectores de salud en la región, dos de ellos en Rosario, podría dejar en la calle a sus 220 trabajadores, luego de que el Pami decidiera dejar sin efecto el convenio de contraprestación, lo que provocó una seria crisis financiera en la institución, a la que desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad catalogaron de “Pami dependiente”. Justamente, la entidad gremial se declaró en alerta y pidió una audiencia que se desarrolló el pasado miércoles en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo provincial.

Cuando en abril la obra social de los jubilados cambió el sistema de facturación para volver al llamado sistema de cápitas, también le cortó las prestaciones a Masa S.A. porque, según argumentaron, existia una "gran cantidad de denuncias por no prestar servicios", explicó el representante legal de Atsa Rosario, Gustavo Martino. Además, Pami cortó los pagos de aquellas prestaciones que ya se habían efectivizado. “Con ese dinero se podrían abonar los sueldos adeudados y  armar un plan estratégico para salvar a la institución”, se lamentó el abogado de ATSA.

Actualmente, indicaron desde el gremio, muchos de los trabajadores no cobraron el sueldo de mayo. Y, al margen de esa deuda, desde el grupo empresario advirtieron que sin los fondos del Pami no tienen recursos para afrontar los salarios que vienen. 

En riesgo

Masa S.A. posee cinco efectores en Rosario y la región. A la clínica de Urquiza al 1700 se suman la explotación del Policlínico Gomara de Villa Gobernador Gálvez, el Instituto Médico Regional de San Lorenzo y una clínica en Capitán Bermúdez. A principios de mes, en tanto, debió cerrar las puertas del Sanatorio Saladillo, luego de que el Sindicato de la Carne le rescindiera el contrato de locación por una deuda millonaria.

Aunque desde el gremio no son optimistas respecto a la posibilidad de que el Pami rehabilite a Masa S.A. como prestador, también consideran que en los casos de San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez “no hay otro efector privado para el Pami y los hospitales no pueden hacer frente a todas las cápitas”, señaló Martino.

Este miércoles se desarrolló una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo de la provincia, a pedido de Atsa. Allí, se sentaron a la mesa representantes de la Cooperativa Eléctrica Gomara  de Villa Gobernador Gálvez y al Instituto Médico Regional de San Lorenzo, entidades a las que el gremio considera “solidariamente responsables”. También asistieron referentes del Pami. El cónclave pasó a un cuarto intermedio, según indicó Martino.

“Nuestro objetivo es tratar de salvar los puestos de trabajo que están en peligro, creemos que se puede lograr”, advirtió Martino, al tiempo que opinó que la empresa “tiene que estar a la altura de las circunstancias”.