Por la muerte de los jóvenes Leticia Buffa (21), Manuela Gorriti (19) y Enzo Panizza (17) en la llamada “tragedia del Ford Ka”, que ocurrió el 3 de marzo de 2007 en la autopista Villa Carlos Paz-Córdoba, la Provincia deberá ser solidaria con el autor del siniestro, Matías Castro (21), y pagar un 30 por ciento de una indemnización que supera los dos millones de pesos más 10 años de intereses.

En un fallo del juez Andrés Olcese también se ordena que el pago del 10 por ciento de ese monto resarcitorio lo concrete la comuna de San Roque, donde se encontraba el boliche La Estación, desde donde partió el conductor alcoholizado guiando un pequeño auto ocupado por siete personas.

Si bien se descuenta que el fallo de Olcese será apelado por las partes, constituye una novedad casi inédita que el Estado cordobés y una comuna sean condenados por los actos cometidos por particulares, en este caso por un siniestro vial ocurrido en una ruta.

En la resolución se llega a la conclusión de que la Provincia actuó como facilitadora de los excesos cometidos por Castro al volante.

El 6 de mayo de 2011 Castro fue declarado autor de tres homicidios culposos agravados y tres lesiones culposas agravadas, por lo que recibió una condena de 4 años y 10 meses de prisión, en veredicto de la Cámara 7ª del Crimen.

Ahora, el juez Olcese acogió la demanda interpuesta por los padres de las víctimas, al entender que el Estado provincial había omitido realizar los controles de ruta en la variante Costa Azul y un buen tramo de la autopista, por donde transitó ebrio Castro y, en cambio, halló una “zona liberada” para circular sin limitaciones.

A San Roque, que en aquel momento tenía como jefe comunal a Oscar “Polo” Valdez, le reprocha la serie de negligencias en cuanto al funcionamiento del boliche donde se expendía libremente alcohol y no se controlaba la salida.

“Considero ajustado a derecho resolver que la conducta omisiva del Estado, tanto provincial como comunal, que venimos referenciando, debe calificarse como un ‘elemento facilitador’ del suceso ocurrido; por lo que humildemente entendemos ajustado a derecho endilgarle al Estado provincial el 30 por ciento de la responsabilidad de los hechos base de esta acción; y a la comuna de San Roque el 10 ciento”, sostiene Olcese.

Los padres de Leticia y los de Manuela recibirán sendos resarcimientos de 688 mil pesos más intereses, mientras que los progenitores de Enzo, recibirán 721 mil pesos, lo que constituye un total de 2.097.000 pesos.

En esos montos se incluyen conceptos como daño moral, pérdida de chance, daño psicológico y gastos de sepelio. Además, Matías Castro y su madre, Elena Minique, que era la titular del vehículo, deberán pagar junto a la Provincia y a San Roque los honorarios de los abogados.

Lo único que no admitió Olcese de la demanda es la respuesta que debía dar la compañía de seguros Segurcoop que fue excluida por el magistrado a partir de los argumentos que esta esgrimió contra los Castro. La condena a la Provincia marca la falta de controles en las rutas en 2007. Luego, se recreó la Policía Caminera.