La Cámara Federal de Santa Fe dispuso reabrir la causa por el vaciamiento del banco provincial entre 1979 y 1991, que había sido solicitada por el fiscal de esa jurisdicción, Walter Rodríguez, en octubre pasado.

En primera instancia el juez interviniente, Reinaldo Rodríguez, consideró que había perdido jurisdicción para responder al pedido.

Ello motivó la presentación de un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que fue acompañada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ante lo que se consideró un “retardo de justicia”.

La decisión de la Cámara Federal, integrada por los jueces Fernando Lorenzo Barbará, Liliana Marta Arribillaga y Carlos Carrillo, es el primer caso en la historia de revisión de “cosa juzgada irrita” en fraudes bancarios, destacó la Procelac.

Los tres magistrados ordenaron al juez Rodríguez que se expida sobre las peticiones, y provea “de inmediato las medidas requeridas por el Ministerio Público Fiscal e inste su producción”.

Entre esas medidas se encuentra la solicitud al Archivo General de la Provincia de Santa Fe de los documentos redactados por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe.

El fiscal había solicitado también citar a funcionarios del Banco Central, y requerir a esa institución cualquier acta donde se hayan tratado cuestiones relativas al banco provincial.

El juez Rodríguez también habilitó a que se envíen oficios a la gobernación provincial, a la Fiscalía de Estado de Santa Fe, a la Procuración Fiscal General ante la Corte de la Provincia y a la Obra Social del Personal de la UOM.

Finalmente, citó a prestar declaración testimonial a José Foscolo (por entonces jefe del Departamento Administrativo Jurídico de la Gerencia General) y Felipe Castellanos (subgerente departamental y jefe de Asuntos Judiciales).

Según la Procelac, el proceso judicial llevado adelante en su momento no tuvo por objetivo lograr avance alguno en la investigación de los delitos denunciados, “sino todo lo contrario, promover la obstrucción de la justicia y la paralización de la causa penal por más de 15 años, al punto de llevarla al estado de prescripción”. (Télam)