Un allanamiento tuvo lugar ayer en las oficinas de Austral Construcciones en Capital Federal, pertenecientes al empresario santacruceño Lázaro Báez, a raíz de una denuncia por supuesto lavado de dinero y evasión por la contratación de habitaciones de hoteles de la familia Kirchner.

El procedimiento fue ordenado por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien investiga una denuncia de los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez por presunta evasión impositiva y lavado de dinero, a partir de trascendidos periodísticos que dieron cuenta de que una empresa de Lázaro Báez contrató varias habitaciones de distintos hoteles de los Kirchner.

Justo al mismo tiempo, Lázaro Báez se autodenunció en los tribunales de Santa Cruz tras desmentir las acusaciones en su contra, y ahora la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Andrea Azkenasi Vera, tiene que resolver si hace lugar a una medida cautelar para evitar que se difunda información sobre las empresas de Báez.

Mientras en Santa Cruz se analizaba esta cuestión, el juez López Biscayart ordenó ayer que la Policía Federal hiciera un procedimiento en las oficinas del empresario, ubicadas en pasaje Carabelas 241, de la ciudad de Buenos Aires, y el mismo estuvo a cargo de la Policía Federal.

Según fuentes consultadas por Noticias Argentinas, se buscaba allí documentación relativa a la investigación que tiene a su cargo López Biscayart.

Carrió y el diputado Sánchez habían radicado el lunes pasado la denuncia, a raíz de la información aparecida desde el domingo pasado en el diario La Nación donde se sostuvo que Báez le pagó casi 3,2 millones de pesos a la familia Kirchner en concepto de “alquiler” del hotel Alto Calafate, en el marco de acuerdos confidenciales.

En los días siguientes, el mismo diario publicó que el “pacto” había alcanzado también a otros dos establecimientos: la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces; y que entre 2010 y 2011 el matrimonio Kirchner habría recibido más de 14,5 millones de pesos de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, “beneficiario” de la obra pública en la Patagonia.

Frente a ello, la denuncia presentada por la Coalición Cívica por “lavado de dinero y evasión tributaria” recayó en el juzgado de López Biscayart, el mismo magistrado que tuvo en sus manos la primera parte de la investigación por la causa Skanska, el primer caso de supuesta corrupción que se conoció en el gobierno de Néstor Kirchner.

El empresario Báez ya cuenta con una investigación en su contra por lavado de dinero a partir de que se sospecha que habría girado al exterior unos 55 millones de pesos, lo cual es investigado por el juez Sebastián Casanello. En esta última causa también fueron indagados el empresario Leonardo Fariña, ex de la modelo Karina Jelinek; y el financista Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI del barrio porteño de Puerto Madero, la que se especula intervino en el armado de una maniobra para sacar dinero del país.

Fuente: El Ciudadano