El gobernador Miguel Lifschitz anunció que "firmó el decreto mediante el cual el gobierno se presenta como querellante en la causa del ex Banco Provincial de Santa Fe, para que se investigue su vaciamiento". "Que se haya resuelto reabrir la causa me generó mucha ilusión porque creía que ya estaba cerrada. Ahora vamos a poner un equipo de abogados y especialistas en delitos económicos para movilizar la causa y acompañar la acción de la justicia", declaró Lifschitz en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que contó con la participación de exdirigentes sindicales y ex empleados. El mandatario se comprometió a "trabajar para que el expediente avance lo que no avanzó en más de veinte años y lograr condenas para los responsables y si no fuera posible, alcanzar la condena de la historia, que suele ser más dura que la condena penal". El gobernador recordó "la desclasificación del informe de la comisión investigadora, encabezada por el exlegislador provincial Alfredo Nogueras en 1998 y ordenada por el entonces gobernador justicialista Jorge Obeid". El Banco Provincial de Santa Fe fue vendido en marzo de 1996 pese a la resistencia de los empleados que realizaron numerosas protestas y fueron reprimidos frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe. Por otra parte, la causa fue reabierta por la Cámara Federal de Rosario, que consideró que no existe obstáculo procesal para avanzar en la causa y anuló una resolución del exjuez Víctor Brusa, de junio de 1993, que había ordenado el sobreseimiento provisional de los 44 directivos implicados (quienes prestaron servicios entre 1984 y 1990 y nunca fueron convocados a indagatoria) y ordenó su archivo. En tanto, el gobierno santafesino debió pagar unos mil millones de dólares para sanear el pasivo de la institución crediticia durante el proceso con anterioridad a la venta en 57 millones de dólares a los hermanos Rohm, efectivizada entre 1996 y 1998.