La Justicia decidió que los penales de siete comisarías de Rosario sean clausurados definitivamente, que no ingrese ningún preso más a ellos y que quienes están alojados allí sean transferidos a reparticiones del Servicio Penitenciario. Asimismo, al hacer lugar a un hábeas corpus correctivo y colectivo presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal, un juez resolvió la utilización de módulos transitorios de detención (MTD) en otras cuatro seccionales y ordenar al Ministerio de Seguridad de la provincia la organización de un curso formativo para la concientización y aplicación de los protocolos de requisa femenina como así también se arbitren los medios para el traslado de los presos a centros asistenciales de acuerdo a las necesidades de salud que éstos requieran.

La audiencia en la que se evaluó el hábeas corpus se realizó el jueves bajo la presidencia del juez Alejandro Negroni. Por el Ministerio Público de la Acusación estuvo la fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, Carina Bartocci; por el Servicio Público de la Defensa, el titular regional Gustavo Franceschetti y Julia Giordano; y por el Ministerio de Seguridad el asesor Ezequiel Brocchi.

Desde hace tres años

La audiencia fue la continuidad de una serie de reuniones que se iniciaron en 2014 cuando el actualmente suspendido Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, y la Defensoría Regional Rosario, presentaron el hábeas corpus por los presos encerrados en las vetustas comisarías de la ciudad después de hacer una exhaustiva recorrida por las mismas y determinar que había 1.379 presos cuando por aplicación de estándares internacionales solamente debería haber 677.

Entonces denunciaron "el estado de hacinamiento, la vulneración de derechos de los detenidos y la violación del cupo legal fijado" en una sentencia dictada por la jueza Roxana Bernardelli y que fijaba en 230 presos el máximo a tener en los penales de la Unidad Regional II. Esa disposición judicial también establecía que el tope se haría operativo a partir del 6 de agosto de 2015 y que una vez concretados los traslados, el Ministerio de Seguridad no volvería a utilizar o demolería ciertas dependencias policiales. Pero eso no ocurrió y la implementación del nuevo sistema procesal penal volvió a colapsar las seccionales.

A mediados de septiembre de 2015 el Ministerio de Seguridad trasladó unos 300 internos a cárceles y eso empezó a descomprimir la situación. Asimismo, en agosto del año pasado la jueza Mónica Lamperti hizo lugar a nuevos reclamos y dispuso que el límite legal de presos a alojar en los penales sea inferior al fijado y lo llevó a 190 personas. Además, la magistrada ordenó la conformación de una mesa de diálogo entre los diversos actores institucionales.

Por último, en noviembre pasado la jueza ordenó que los penales de las comisarías quedaran definitivamente inhabilitados tras la inauguración de un nuevo pabellón en la cárcel de Piñero y que para inicios de 2017 no haya más de 212 (nuevo cupo legal y constitucional) personas alojadas en las dependencias policiales rosarinas. Todo lo que derivó en un nuevo traslado masivo que llevó a unos 300 internos de comisarías y subcomisarías a la Unidad Penitenciaria 11.

No va más

En ese marco, el juez Negroni hizo lugar al pedido del Defensor Regional de "inhabilitar en forma permanente los penales de las comisarías 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª y 30ª con la prohibición de ingreso de detenidos"; que "en 20 días se proceda a quitar las rejas de esas dependencias"; y que en la seccional 8ª el plazo sea sólo de "cinco días hábiles".

En cuanto a la utilización de los módulos transitorios de detención, Negroni no hizo lugar "al pedido de la Defensoría de inhabilitar los mismos, sin perjuicio de tener presente el informe prometido por el Ministerio de Seguridad sobre la constatación de aquellos lugares que pudieran ser inhabilitados y habilitados previo reacondicionamiento".

En otro punto el magistrado insta a la "utilización de los módulos transitorios de las comisarías 21ª y 22ª, el de la comisaría 6ª para ubicar a detenidos de la Policía de Investigaciones (PDI) quedando sujetos los módulos de las subcomisarías 18ª y 19ª a la finalización de obras y acondicionamiento comprometidos".

En cuanto a la concientización y correcta aplicación del protocolo de requisas a las mujeres por parte de agentes penitenciarios y policiales, el acuerdo homologado por Negroni establece que se implemente durante este año y que la Defensoría sea quien lo lleve adelante.Y ordenó al Ministerio de Seguridad "la urgente remisión de circulares correspondientes a ese protocolo y el listado de elementos permitidos para ingresar por las visitas a los detenidos".

Finalmente, el magistrado ordenó al Ministerio que "se arbitren los medios para el eficiente traslado de los detenidos a centros asistenciales de acuerdo a las necesidades de salud teniendo en cuenta el acuerdo entre los ministerios de Salud y Seguridad".