La Justicia platense citó al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli a declaración "informativa" para el 16 de marzo en el marco de la causa por lavado de activos y defraudación a la administración pública durante su gestión en la provincia de Buenos Aires.

La citación fue dispuesta por el fiscal de la causa, Alvaro Garganta, quien además procesó y citó a indagatoria al ex ministro de Desarrollo Social de Scioli, Eduardo Aparicio, y a otros ex funcionarios de segunda del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

El llamado a declaración de Scioli fue resuelto por el fiscal luego de que el 9 de febrero pasado el ex mandatario y ex candidato presidencial por el kirchnerismo llevara a la Justicia una extensa presentación en la que se desvinculó de las irregularidades que se investigan.

"Que en virtud de las manifestaciones formuladas por el imputado Daniel O. Scioli, resulta necesario evacuar por parte de este Ministerio algunos puntos", afirmó la convocatoria de Garganta para el jueves 16 a las 11 en el edificio de la fiscalía de La Plata.

Scioli fue citado en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, que regla sobre llamados a indagatoria, aunque se aclaró que fue bajo la referencia del "párrafo 5" del mismo, el que señala que "el fiscal podrá citar al imputado al sólo efecto de prestar declaración informativa".

En tanto, el fiscal procesó y citó a indagatoria para el 4 de abril a las 10 al ex ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, a quien acusó de otorgar subsidios por más de 8 millones a 10 cooperativas supuestamente truchas para que compren herramientas y materiales, "hechos que no se concretaron".

La maniobra, según el expediente, ocurrió entre los años 2009 y 2010, mientras Aparicio tenía a cargo el programa "Soluciones Ya" e incluyó la participación de la empresa Magaro SA, a cargo de Daniel Roberts, quien facturó las supuestas ventas de herramientas.

Roberts fue procesado y citado a declarar para el 4 de abril a las 10.

Por otro carril, el fiscal llamó a indagatoria a una decena de ex funcionarios del Ministerio de Infraestructura bonaerense, a quienes acusó de "organización" de concursos de precios y de adjudicar ilegalmente 19 obras públicas consistentes en paradores turísticos y centros de información turística.

Entre los citados se encuentra la ex directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Infraestructura, Gladys Pérez Ferrando, todos los ex integrantes del Consejo de Obra Pública de esa cartera y también tres propietarios de las constructoras supuestamente favorecidas.