El conurbano de Rosario y su aglomerado metropolitano contiene casi 50 mil familias viviendo en 174 asentamientos informales, con múltiples déficits en cuanto a condiciones de vida y hábitat. Así lo expone un relevamiento de la ONG Techo que indagó en las villas y barrios precarios de la ciudad y del conglomerado que delimitan San Lorenzo, Roldán, Pérez y Arroyo Seco. Es el tercer núcleo de villas del país por número y dimensión, detrás del conurbano bonaerense y de Ciudad de Buenos Aires. Los asentamientos más antiguos datan de principios del siglo pasado, como El Mangrullo, Tablada o villa Pororó, lo que demuestra la vigencia de la pobreza estructural. Pero también hay una veintena de enclaves informales que se formaron en los últimos quince años.

El sondeo de Techo consistió en entrevistas a referentes territoriales en cada barrio y consultas a áreas específicas de la Municipalidad y la Provincia. Sus datos, la cantidad de familias involucradas, connotan y explican la marginación socioeconómica perpetuada ante la falta de acceso a mejores oportunidades. Calculada en individuos, se estima que la población inmersa en estas circunstancias son unas 227.000 personas.

El acceso a servicios públicos es el capítulo más crudo: sólo el 1,7 por ciento es un usuario legítimo de la red de agua potable, porque el 78,7% tiene una conexión irregular, el 7,5% se provee de perforación domiciliaria o pozo, 6,3% lo hace a través de un camión cisterna que distribuye en el barrio, y 3,4% se abastece de un tanque comunitario. En cuanto a eliminación de excretas, 75,9% lo hace en pozo negro directo, 17,2 % en un sumidero con cámara séptica, 2,3 con cloaca conectada a un desagüe pluvial, y sólo 1,1 es usuario de la red cloacal regular.

Con la energía eléctrica, el 9,8% es usuario de la red con medidor domiciliario; 87,9 tiene una conexión irregular, y 2,3 usa la red con medidor comunitario o social (programa Luz y Agua Segura).

Acerca de salud pública, el informe dice que hay 36 villas distantes a un rango de entre 11 y 30 cuadras, y 10 a más de 30 cuadras. Pero 22 de estos asentamientos tienen un efector en su mismo territorio, y 103 lo tienen a menos de diez cuadras. Por otra parte, el 52% de los asentamientos relevados está más allá de las 30 cuadras de distancia del hospital más cercano.

También se evaluó la situación de la población precarizada respecto del transporte público. Sólo treinta asentamientos ven pasar algún colectivo por sus calles, y en 116 villas deben caminar hasta diez cuadras para tomar uno.

En el rubro educación, el relevamiento expone que en 40 asentamientos los niños deben transitar más de diez cuadras para llegar a la escuela primaria estatal más próxima. En cuanto a escuela secundaria, hay 72 barrios en esa condición, donde en algunos casos el establecimiento está a una distancia de 30 y hasta 50 cuadras de distancia. La población en esta situación es de 17.000 familias. Respecto de los jardines de infantes, la situación de estas barriadas vulnerables es algo mejor: en 132 zonas (75%) hay un jardín dentro del barrio o a menos de diez cuadras.

Los pobladores de 11 barrios precarios declararon que nunca vieron un patrullero policial por allí, y en otros 47 barrios lo cuantificaron como “a veces”. En suma, se trata de 20 mil familias que se sienten fuera de la función estatal de la seguridad pública. Más drástico es el caso de las ambulancias de emergencias: hay 49 villas (28%) , habitadas por 14 mil familias, donde aseguran que esas unidades de auxilio médico nunca llegan hasta allí.

En 34 zonas -20% del total- hay un basural dentro del barrio o a una distancia menor a cien metros, lo que afecta a alrededor de casi 40.000 personas que conviven a diario con esos focos insalubres.