La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó ante la Justicia federal un amparo para que el Estado no le pague a la AFA ningún dinero por la rescisión del contrato de Fútbol para Todos (FPT).

Ocaña aseguró que "no hay ninguna cláusula en el contrato original" que justifique esa compensación monetaria, y al mismo tiempo advirtió que "está muy claro que fue la AFA la que no ha cumplido con los términos de ese contrato desde el momento que la Afip le reclama a los clubes el pago de impuestos atrasados".

"Muchos dirigentes e incluso funcionarios del gobierno anterior están procesados por irregularidades en el contrato de FPT, ¿cómo entonces le vamos a dar dinero a la AFA?", se preguntó Ocaña.

"El Estado está en condiciones de hacer la rescisión por propia voluntad sin pagar un solo peso de indemnización. Si decide pagar, que sepa que puede existir el delito de malversación de fondos públicos", alertó.

Ocaña hizo su presentación ante la jueza María Servini, la misma que lleva adelante una investigación por irregularidades en el manejo de los fondos del convenio televisivo por el que están procesados, entre otros, los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, y el ex titular de AFA Luis Segura.

El amparo es un elemento más que pone en riesgo la reanudación del fútbol, pues si el gobierno no paga 390 millones de pesos a la AFA en concepto de rescisión, los clubes no tendrán los recursos para pagarle a sus jugadores y costear los gastos de competencia.

Por último, Ocaña acusó a Claudio Chiqui Tapia, aspirante a la presidencia de AFA, de hacer "clientelismo" en el Ceamse, empresa encargada de los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, en la cual Tapia es gerente. Ocaña lo acusa de emplear allí a dirigentes.