El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró en el Congreso Nacional que los dueños del Correo Argentino SA tienen que "pagarle al Estado lo que le deben", negó un conflicto de intereses, y se comprometió a realizar todas las acciones para que "el Estado no tenga que pagar un peso" como consecuencia de la demanda presentada por esa firma.

Aguad concurrió a la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que conduce el massista Juan Brugge, en la que recibió fuertes críticas de la oposición que denunció conflictos de intereses por tratarse de una empresa de la familia Macri y porque consideran el convenio perjudicial para el Estado.

"Yo no dije que el presidente no sabía, yo dije que yo nunca hablé con el presidente de esto. Es muy probable que el presidente supiera”, declaró Aguad en el Congreso.

"La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe, y no le vamos a perdonar un peso de capital, y vamos a impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes contra el Estado", aseguró el ministro ante cuestionamientos de opositores.

En su presentación, Aguad destacó la decisión del gobierno de retrotraer a foja cero el convenio con la empresa y por la cual la justicia convocó a una audiencia para el próximo 16 de marzo para comenzar a analizar un nuevo acuerdo.

En ese sentido, el funcionario dijo que "nosotros nos retractamos y veremos si el nuevo acuerdo puede mejorar" el convenio que se había alcanzado y "si en todo caso la solución es la quiebra", aunque señaló que prefiere "creer que la solución es que algo le paguen al Estado de lo que le deben".

Al respecto, dijo que la quiebra "siempre está latente pero no sería bueno porque la empresa no tiene bienes porque fue desapoderada". También señaló que en aquella ocasión el Estado verificó "296 millones de pesos y otros acreedores 700 millones de pesos".

A lo largo de su exposición y ante preguntas de diputados, Aguad reconoció que "no sabía que habían iniciado una nueva demanda contra el Estado" en medio de las negociaciones para la firma del convenio, pero dijo que van a realizar todas las acciones para que "no puedan cobrar un peso" del erario público.

En su disertación, Aguad insistió en que "no hubo conflicto de intereses porque no hablé del tema con el presidente Mauricio Macri" y dijo que hubo un cambio de estrategia entre el kirchnnerisimo y Cambiemos porque "el gobierno anterior decidió condonar la deuda y nosotros queremos cobrar la deuda".

Además cuestionó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin que hizo un "cálculo económico extravagante que habla de una deuda de 70 mil millones de pesos", una cifra que no podría ser posible "si en 2001 la deuda era de 296 millones" y recordó que la actual Procuradora General Alejandra Gils Carbo tuvo ese cargo y "no hizo nada para cobrar la deuda".

El presidente del PJ y diputado, José Luis Gioja, cuestionó el acuerdo y dijo que "no puede ser que el gobierno no haya realizado las consultas respectivas ni se hayan cobrado los créditos" a favor del Estado y pre concursales.

El kirchenerista Martín Doñate advirtió que con este acuerdo la familia Macri fue "beneficiada con un regalito de 70 mil millones de pesos que implican el perdón del 98,2% de la deuda".

En una dura crítica a Aguad dijo que "admiro la desvergüenza con la que pretende defender este delito. Decir que vuelve a 'foja cero' no sólo es admitir el delito, sino que ratifica que el presidente sabía y que lo utiliza a usted y a Mocoroa para robarle 70 mil millones a los argentinos", afirmó.

Desde el Frente Renovador, el ex gobernador Felipe Solá aseguró que el convenio firmado con Correo Argentino "es una gravedad política porque se trata de la empresa del Presidente de la Nación y porque no se tuvo en cuenta las deudas pre concursales ni los juicios contra el Estado".

Por su parte, el diputado del Bloque Justicialista Pablo Kosiner dijo que esta reunión "no es confrontación sino es un pedido de informes de un tema delicado donde está en juego el patrimonio de los argentinos" y cuestionó que no "se hayan incluido las deudas pre concursales".

Desde el oficialismo, el radical Luis Petri aseguró que el Poder Ejecutivo "actuó de acuerdo a lo que dice la ley de concursos y quiebras", y "tenemos que decirle la verdad a la ciudadanía de que la ley de quiebras no permite actualizar los intereses de la deuda".

"Es llamativo que desde el kirchnerismo se acuerden de la palabra de conflicto de intereses, porque no se acordaban cuando Néstor Kirchner comproba dos millones de dólares con información preferencial y nadie denunciaba conflicto de intereses y acá no se materializó ningún daño", aseveró.

A su vez, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, destacó que "aparecieron algunas cuestiones nuevas y entonces se decidió que se revise el convenio" y negó que haya conflicto de intereses porque "no hay pruebas que el presidente Mauricio Macri haya dado directivas al ministro Aguad".

Fuente: Telam