El gobierno modificó la ley de migraciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicó en el Boletín Oficial y que busca impedir el ingreso al país de personas vinculadas con delitos y la realización de fraudes para evadir controles fronterizos y acortar los tiempos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales.

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó que la iniciativa fue consensuada con el sector "más importante" de la oposición.

El DNU apunta a sumar medidas a otras que el gobierno ha tomado en las últimas semanas en materia migratoria, como la creación de la Comisión Nacional de Fronteras (integrada por funcionarios y fuerzas de seguridad), el refuerzo de datos que se reciben de Interpol y la disposición para que las líneas aéreas anticipen a Migraciones, desde el lugar de embarque, la lista de pasajeros y tripulantes que llegarán al país.

En la norma se establece que es impedimento para ingresar y permanecer en el país "la presentación de documentación nacional o extranjera falsa o adulterada o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales o de fuerzas de seguridad".

También que se le negará el ingreso al visitante que haya "sido condenado o esta cumpliendo condena, o tiene antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de libertad". Tampoco podrán ingresar aquellos vinculados con "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".

La medida alcanza además a aquellos que hayan "incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional".

El decreto puntualizó además que, como consecuencia de los controles implementados en Migraciones "se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria", que dispone que "los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de residentes permanentes, residentes temporarios o residentes transitorios".

"Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de residencia precaria", por 90 días que será "revocable" cuando "se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento", se indicó.

Mismo espíritu

Tras aclarar que la iniciativa había sido consensuada con el sector "más importante" de la oposición, Garavano destacó que "no se cambió el espíritu de la ley anterior" sino que se adecuó a la realidad ya que —indicó— "cuando se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en el país" se llegó a la conclusión "que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".

Por esto "se sacó un DNU para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", indicó, y agregó: "Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros".

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó los cambios, que, dijo, impedirán el ingreso al país de personas vinculadas con delitos graves, y planteó: "Nosotros tenemos demasiado con nuestros delincuentes y no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir".

Precisó que la nueva norma "amplía la gama de delitos por lo cual una persona puede perder la residencia", entre los que mencionó las "mulas del narcotráfico y el abuso sexual simple". "Con la ley anterior, las mulas del narcotráfico y el abuso sexual simple no eran causales para caducar la residencia", remarcó, y añadió: "Esta es una política más que se están implementando para solucionar el problema de la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico".