Las entidades que agrupan a empresarios y consumidores saludaron la decisión del gobierno nacional de obligar a los comerciantes a exhibir en forma diferenciada el precio en efectivo de la mercadería y el valor financiado con tarjeta de crédito. Sin embargo, se mostraron pesimistas respecto de que la medida contribuya a bajar los precios. De hecho, el propio secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, admitió que no hay garantías de que ello suceda.

"La medida no garantiza que bajen los precios, lo que se busca es crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios", sostuvo el funcionario.

Braun admitió que "si esto no pasa, porque los comercios se cartelizan, los precios no van a bajar". En cambio, dijo que la medida "va a permitir más competencia entre los financiadores" porque "obliga a blanquear el costo financiero".

La Casa Rosada estima que como los precios tienen cargado el costo financiero aunque se los pague al contado, al sacar esa sobrecarga el precio de contado debería bajar entre un 15 por ciento y un 20 por ciento.

El vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, también estimó que las rebajas en los artículos por esa medida dependerá de cada comercio. "Se va a promover la transparencia en el financiamiento", consideró.

Subrayó que la autoridad monetaria está "promoviendo la bancarización", por lo cual sostuvo que las compras no deben limitarse a ser en efectivo para obtener el beneficio, sino que sólo deben ser "de un pago" con tarjeta.

Asociación Empresaria

El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab, consideró "positiva" la política del gobierno para transparentar los precios de compras en cuotas, aunque se mostró escéptico respecto a la posibilidad de que genere "un boom de consumo".

"Los más beneficiados van a ser los que tienen capacidad o necesidad de comprar de contado o con débito, en un pago, porque van a poder discutir una mejora" de precios, evaluó.

Diab sostuvo que "el que compra a crédito es porque no tiene otra" alternativa, por lo que la medida que comenzará a regir el 1º de febrero mejorará las posibilidades "de los que tienen mayor poder adquisitivo". El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, sostuvo que los planes Ahora 12 y Ahora 18 van a continuar, y exhibirán el costo financiero total que paga el consumidor. "El costo financiero depende del producto y la entidad financiera, lo tiene estudiado el Banco Central para cada uno, pero en ningún caso baja del 40 por ciento; el Ahora 12 tiene un costo financiero de 27 por ciento", dijo.

El 84,2 por ciento de los comerciantes consultados en una encuesta respaldó la decisión de transparentar los precios, porque les permitirá "reposicionarse en el mercado" y competir "mano a mano" con grandes cadenas de supermercados, reportó el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom).

Según el relevamiento, los encuestados consideraron que la medida "les permitirá establecer sus propias políticas, aparejando un importante reposicionamiento del sector y que evitará confusiones entre los consumidores".

El gobierno oficializó la medida anunciada el martes, que prevé multas de hasta $ 5 millones para los incumplidores. "Se prohíbe promocionar como sin interés la venta de algún producto que tenga algún financiamiento implícito y cualquier incumplimiento de esta medida", se advierte en la norma publicada en el Boletín Oficial.

Fuente: La Capital