El magistrado federal Sebastián Casanello pedirá en febrero próximo, vía exhorto, a las justicias de Estados Unidos, Suiza y Alemania, entre otras, que confirmen oficialmente los datos contenidos en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el giro al exterior de 70 millones de dólares y movimientos financieros sospechosos entre socios de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.

Casanello estudiará el nuevo informe que la UIF presentó en la causa abierta por una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió (ARI-CC) por encubrimiento de lavado de dinero contra López, el presidente de Hipódromos Argentinos SA (Hapsa), Federico De Achával, y la empresa offshore Val de Loire, constituida en Las Vegas.

El informe de la UIF afirma que el presidente de Hapsa "es el beneficiario final" de Val de Loire y no un inversor extranjero que llamaron Edmund Ward. Pero voceros de De Achával insistieron en negar cualquier vinculación con esa offshore.

Según el informe, el otro "beneficiario final es el presidente del Banco de Columbia, Santiago Ardissone". Se trata del hermano del vicepresidente de Hapsa, Guillermo Ardissone, y tiene vínculos con López, dueño del Grupo Indalo.

De Achával también es "el beneficiario final" de los movimientos financieros depositados entre 2007 y 2013 en cuentas del PKB Privatbank SA, en Suiza, y del Deutsche Bank AG de Alemania.

La Justicia sospecha que la mayoría del dinero girado como dividendos fueron, en realidad, autopréstamos, aunque los voceros de De Achával afirmaron que él declaró ante la Afip todos esos movimientos financieros.

En tanto, la empresa Austral Construcciones, de Báez, recibió 253 millones de pesos desde Curaçao por un frustrado hotelero en Belice.

Paralelamente, desde Wheaton Corporation salían fondos, todavía no determinados, con destino a la cuenta abierta a nombre de la offshore Teegan Inc, que controla el hijo de Báez, Martín, en el banco Lombard Odier de Suiza.

Fuente: La Capital