La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) cuestionó  la idea del gobierno de debatir la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y consideró que no se puede "convertir a los chicos infractores en casi enemigos sociales".

"No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley en casi enemigos sociales", sostuvo la Iglesia argentina a través de un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia.

Los prelados consideraron que "no pareciera razonable en un año electoral" que se produzca este debate "para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática".

En medio de la polémica por la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, la Iglesia salió al cruce y reclamó "hacer cumplir" los "derechos" de los jóvenes.

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia subrayó que "un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres", cuentan "con fuerte déficit en la escolarización, y provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral".

Al respecto, en un documento titulado "Consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad", los obispos advirtieron que no se debe "mirar solamente la «fotografía» del hecho", sino focalizarse en "la película de su vida para atrás".

La CEA evaluó que de esa forma podrá advertirse "la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares, que también habrá que considerar y hacer cumplir".

Además, la Iglesia afirmó que el debate que quiere propiciar el gobierno "no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones «Ni un pibe menos por la droga»" que lanzó la institución en noviembre pasado y que fue recogido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.

Si bien la comisión episcopal sostuvo que "no debe rechazarse" el debate para adecuar la legislación penal juvenil, se señaló que "necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas" y "no puede centrarse solamente en la persecución estatal" sino en "cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal".

En ese marco, se advierte que la actividad estatal "no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal para bajar la edad de punibilidad, sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral".

"Cada chico marginado, abandonado, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y de la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones", agregó la declaración.

Los obispos también citaron en el documento una carta pastoral del Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, en 2005.

"Frente a esta realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización", afirmó Jorge Bergoglio en ese momento.

Un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, sostiene el documento.