Por cuatro votos contra tres, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público suspendió anoche al fiscal José María Campagnoli, acusado por su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, de mal desempeño en el caso contra Lázaro Báez. Este mismo tribunal deberá decidir si lo destituye definitivamente en los próximos 180 días hábiles.

Esta medida preventiva de suspenderlo, que había sido solicitada por Gils Carbó sin sumario previo, fue tomada por el tribunal por considerar que existía "verosimilitud en el derecho" y "peligro en la demora". La verosimilitud de los cargos en su contra, sostuvo el tribunal, "se verifica en la extensa y rigurosa descripción de las faltas atribuidas al doctor Campagnoli efectuada por la procuradora general".

En cuanto a la urgencia por separarlo de su fiscalía, los miembros del jurado afirmaron: "Las características de las imputaciones formuladas contra el doctor Campagnoli definen un menoscabo en la autoridad del magistrado en su actuación funcional". Además, dijeron "coincidir" con Gils Carbó en cuanto a que "el proceso ante este tribunal puede generarle al doctor Campagnoli dificultades para el adecuado cumplimiento de las tareas que le son propias" y "una perturbación". Y reforzaron que esto es así, sobre todo, porque él tiene dos organismos a su cargo, la fiscalía de Saavedra y Núñez, y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido. Además, subrogaba otra fiscalía, pero la procuradora lo corrió de ese cargo.

Fue una tarde larga en el edificio de la Procuración de Avenida de Mayo. La deliberación del tribunal duró siete horas. Antes de decidir la suspensión debieron tratarse todos los planteos de Campagnoli; no sólo contra el propio tribunal, también contra la procuradora. Ayer mismo, ella firmó una resolución en la que rechazó la recusación que el fiscal había planteado en su contra y un pedido para que reviera su decisión de someterlo a juicio político.

Pero incluso con el camino allanado por Gils Carbó, les restaba resolver las recusaciones que Campagnoli había presentado cuestionando a tres miembros titulares y dos suplentes del propio tribunal.

Votaron por la suspensión el presidente del cuerpo, Ernesto Kreplak, el representante del Poder Ejecutivo; el fiscal Daniel Adler; Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación, y María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública de menores.

Era en ella en quien la defensa de Campagnoli tenía puesta alguna esperanza. En disidencia (a favor del fiscal), votaron el representante de la Corte Suprema, Juan Octavio Gauna, que durante el gobierno de Raúl Alfonsín ocupó el cargo que hoy tiene Gils Carbó; y los representantes de los abogados Rodrigo Sebastián Bacigalupi, designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y Adriana Olga Donato, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

La suspensión del fiscal fue dispuesta "hasta la finalización de esta instancia", es decir, hasta que lo echen o lo repongan en su cargo, y dispone que él cobrará, mientras tanto, el 70% de su sueldo, y el resto quedará embargado "a las resultas del juicio". La resolución que así lo dispone es la 8/13.

Todos los miembros del tribunal pudieron votar porque antes fueron rechazadas las recusaciones sin abrir la instancia de prueba que había pedido Campagnoli con la pretensión de acreditar que tres de los miembros del tribunal no eran imparciales. Uno por ser funcionario del Gobierno y miembro de La Cámpora (Kreplak); otro, un integrante activo de Justicia Legítima (Adler), agrupación que -dijo Campagnoli- se pronunció públicamente en su contra; el tercero, por tener militancia en el Frente para la Victoria y haber sido funcionario y "compañero de militancia y prisión política" del ex canciller Jorge Taiana (Ojea Quintana). Con estos tres jurados cuestionados, las recusaciones las resolvieron los otros cuatro.

Cuando conoció la suspensión, Campagnoli afirmó: "Tengo un compromiso con la Constitución y la Justicia, aun cuando las consecuencias sean éstas. Nadie me prometió un jardín de rosas". Definió lo que estaban haciendo como "una persecución", criticó que la decisión se hubiera tomado "a puertas cerradas" y dijo que le preocupaba que pudiera extenderse. "Voy a seguir dando la pelea que tenga que dar hasta llegar a la Corte", anunció. Poco después de conocida la suspensión, el tema se transformó en trending topic en Twitter.

El tribunal sesionó, desde las 14.30, a puertas cerradas. Mientras adentro debatían, Campagnoli estuvo dos horas esperando en la planta baja del edificio, del lado de afuera de los molinetes. Había presentado una nota pidiendo que lo escucharan antes de decidir. A las 16.20, cuando la sesión llevaba casi dos horas, presentó un nuevo escrito en la mesa de entradas. "Me retiro en disconformidad por cuanto es evidente que no hay intención por parte del tribunal de escucharme", escribió de puño y letra. Cuestionó por "medieval" y "oscurantista" la negativa de dejarlo pasar.

También un grupo de diputados de la oposición pretendieron, sin éxito, ser oídos. Pretendieron ser tenidos como "amicus curiae" (amigos del tribunal), pero les contestaron que esa figura no estaba prevista en esta instancia.

La suspensión, según la ley, no es apelable. Es, además, un pésimo augurio para el fiscal porque el mismo tribunal que lo suspendió es el que deberá juzgarlo.