Unas 150 familias, que habían usurpado terrenos en Avellaneda al 4200, llegaron a un acuerdo para adquirir en cuotas esas porciones de tierra tras efectuar un primer pago del 30 por ciento del valor del inmueble. El resto lo cancelarán mediante aportes mensuales durante nueve años. El predio pertenece al gremio estatal UPCN, que proyectaba levantar allí un complejo de viviendas para sus afiliados.

La situación en esos terrenos de la zona sudoeste adquirió gravedad hace cuatro años cuando más de cien familiares ocuparon en forma ilegal el predio y levantaron sus viviendas.

El predio en litigio pertenecía al gremio estatal UPCN, donde se proyectaba la construcción de unas 130 viviendas para afiliados al sindicato. A partir de entonces se entabló un pleito judicial y a fines del 2012 comenzó a intervenir el juez correccional Rodolfo Zvala. Durante ese proceso comenzó a evaluarse la posibilidad que los ocupantes pagaran por el terreno que habían usurpado.

Así se iniciaron gestiones oficiales en las que participaron dependencias de la provincia, la Intendencia y el Concejo Municipal. Entonces se acordó que los vecinos pagaran una entrega que representa el 30 por ciento del valor total del terreno y el resto en cuotas durante 9 años.

De esta manera se pone fin a un conflicto que se inició hace cuatro años con la usurpación de un amplio terreno situado en bulevar Avellaneda al 4200.

El predio ubicado entre los barrios Acindar, Alvear y Vía Honda fue ocupado en enero de 2012. Sólo quedó sin ser intervenido una canchita de fútbol, situada en la parte trasera, donde se disputan encuentros entre argentinos y paraguayos.

El gremio estatal, que alcanzó a construir 27 de las 130 viviendas proyectadas para sus afiliados, realizó una presentación judicial por usurpación del terreno.

Pero el entonces juez Correccional de la 5ª Nominación, Carlos Leiva, resolvió no hacer lugar a la denuncia por considerar que, ante la inexistencia de violencia, la acción constituía una ocupación ilegítima, obligando el pase de las actuaciones al fuero civil.

En su momento, el gremio de los estatales santafesinos metió presión a la Justicia y al poder político. Amenazó con un paro de actividades y medidas de acción gremial ante la compra venta ilegal de esos terrenos. Se denunció que hubo adquisición de lotes por hasta 100 mil pesos.

Esta semana se terminó de rubricar el acuerdo con mediación estatal. Sólo tres familias que ocupaban el terreno no accedieron a abonar el plan de pagos y fueron desalojadas por la fuerza pública.

Uno de los beneficiarios de este acuerdo, un vecino que se instaló con su mujer y sus hijos declaró a Canal 5 que con el entendimiento "se termina mucho tiempo de conflicto y ahora podemos estar tranquilos que tenemos un terreno y casa propia. Vinimos acá por necesidad de vivienda", sostuvo.