El gobierno nacional convocará a audiencias públicas para analizar, por separado, las políticas tarifarias para el suministro de electricidad y de gas natural.

Con esta decisión, el gobierno busca salir de la controversia legal generada por el incremento de las tarifas de ambos servicios en febrero y abril, respectivamente, y la consecuente serie de recursos judiciales interpuestos en contra por diversas organizaciones.

Ambas cuestiones treparon en el ámbito judicial y en el caso del gas ya está en consideración de la Corte Suprema de Justicia, quedando tales incrementos en un limbo que preocupa a usuarios, empresas proveedoras y al propio gobierno.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó en declaraciones periodísticas la intención de convocar a audiencias, que el funcionario calificó de "informativas", pero que luego se confirmaron como las que corresponden a las diseñadas en las leyes 24.076 (Gas) y 24.065 (Electricidad).╠

El anticipo de Aranguren se vio ratificado luego por declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Ambos estuvieron trabajando en Casa Rosada, preparando las resoluciones de convocatoria a las audiencias.

Hasta la semana pasada el gobierno se había manifestado refractario a la realización de estas audiencias pero los reclamos judiciales y las protestas callejeras acontecidas influyeron en el cambio de criterio.

"Si la gente, los políticos, los jueces o los periodistas piensan que tenemos que hacer una audiencia pública para lo que es el valor de la generación de electricidad y el precio de gas en boca de pozo, bueno vamos a hacer una audiencia pública", señaló con resignación el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

El funcionario dijo que "desde el punto de vista legal, todo lo que tiene que ver con la producción de gas y la generación de energía eléctrica está en cabeza del Estado nacional", aseguró. Y aclaró que "solamente está sometido a revisión, lo que incluye la audiencia pública, el valor del transporte y la distribución", el 60 por ciento de valor de la tarifa. También advirtió que sería "muy grave" que la Corte fallara contra los aumentos de tarifas.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se quejó de que hay tribunales que buscan "gobernar y marcar la política energética".