La Sociedad Rural de Santa Fe criticó con dureza a funcionarios judiciales y legislativos por los volúmenes de dinero que perciben en concepto de remuneraciones, dietas y viáticos, mientras actividades agropecuarias como el tambo se funden, entre otros conceptos por el pago de impuestos.

En un extenso y detallado documento, la entidad señala -en primer término- la situación de los Ministros de la Corte Suprema, que a partir del enganche con Nación escalan hasta $ 250.000 mensuales “libre de Impuesto a las Ganancias”. Pero también apunta a Diputados y Senadores provinciales, quienes demandan al erario público un desembolso mensual de entre $ 400.000 y $ 600.000. “Es un misterio dilucidar qué parte de ese monto conforma sus dietas, qué parte destinan a sus asesores, si se incluyen viáticos y otros gastos”, se preguntan los ruralistas, y también disparan contra directores y gerentes de empresas y entes autárquicos por “sueldos brutos que se aproximan a los $ 100.000, cifra que hoy no puede pagar casi ninguna empresa privada”.

En contraposición, desmenuzan las cuentas de los productores agropecuarios, quienes a pesar de asumir el riesgo y hacer una inversión están a años luz de lograr ingresos como esos. Por ejemplo, un tambo con 100 vacas en ordeñe y una producción individual de 20 litros diarios factura actualmente $ 240.000 al mes, pero con costos, gastos e impuestos totales que suman $ 300.000. Ese productor, reclama la entidad, “no solamente no vive de su tambo, sino que además pierde $ 60.000 mensuales. Como no tiene ese importe ni puede endeudarse, ajusta sus costos como puede, 'achica' gastos, se descapitaliza, y se funde”.

También describen el caso de un agricultor con 100 hectáreas de soja con un rinde de 2.500 kilos. A los precios actuales factura alrededor de $ 1.000.000, pero “deducido el costo total de 2.000 kgs por hectárea correspondiente a siembra, control de malezas y plagas, trilla, flete, comercialización e impuestos ($ 800.000), obtiene una utilidad neta de $ 200.000 al año, es decir $16.660 por mes”.

Frente a semejante comparación, la entidad gremial empresaria “que agrupa a asociados que diariamente con su producción y sacrificio contribuyen al sustento de estos gastos del Estado”, expuso “la obligación moral de manifestar su disconformidad con este nivel de remuneraciones, que significan un injustificable privilegio y una obscenidad que debería provocar la reacción de toda la sociedad santafesina”. Sobre todo “cuando los resultados de la gestión de los tres poderes del Estado, lejos están de satisfacer nuestras expectativas”.

El documento, que lleva la firma de la Comisión Directiva, manifiesta que los dirigentes saben que otras organizaciones tienen la misma preocupación “porque la crisis nos está pegando duro a todos”. Y que probablemente “la prudencia o el temor les haga pensar que no es conveniente expresarlo con tanta crudeza”. Pero se justifican la indignación al señalar que “hay sectores de la ciudadanía que están disfrutando de privilegios que resulta evidente que les permiten el lujo de ni enterarse de que hay crisis”.

Sobre el final el texto apela a los miembros de los poderes Legislativo y Judicial, “en nombre de la Democracia Republicana” que deben ejercer, para que comprendan “que les ha llegado la hora de recapacitar sobre estas prebendas y privilegios de los que disfrutan desde hace mucho tiempo, que en nada se condicen con una Democracia, ni con una República, ni con una Justicia que se precien de tales”.