La salida “amigable” que el gobierno provincial pretende darle a la concesión de la autopista Santa Fe - Rosario está encontrando algunos obstáculos. No sin cuestionamientos, el Ministerio de Infraestructura anunció hace algunas semanas la contratación de dos facultades para auditar tanto los aspectos técnicos como los números de la concesión y, sobre esa base, intentar una finalización de contrato consensuada con Arssa. Pero ahora, es la empresa la que redobla la apuesta y quiere tener su propia auditoría. Por eso, evalúa contratar a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario -el gobierno contrató a la de la UNL- para contar con datos propios que puedan ser contrapuestos a los oficiales.

La provincia corrió vista a la empresa de un expediente para que diera precisiones sobre una serie de aspectos en el término de diez días. La empresa contestó en parte, y pidió una prórroga para responder el resto. Según trascendió, Arssa solicitó al estudio contable que confecciona sus balances habitualmente, un informe sobre el flujo de caja, año por año, durante toda la concesión, contemplando ingresos y egresos. El informe será presentado esta semana, junto a un pedido de reconocimiento de una deuda que el gobierno -según la empresa- mantiene con la concesionaria “por más de cien millones de pesos”.

Ecuación

Entre los argumentos para defender su posición, Arssa incluye el antecedente de la pérdida de un crédito con un banco privado por la “falta de previsibilidad” en los ingresos de la firma a raíz de “las demoras de la provincia en la redeterminación de las tarifas”.

De todos modos, fuentes de la concesionaria aseguraron que la provincia, particularmente el Ministerio de Infraestructura, ya cuenta con toda esa información porque “todos los meses con carácter de declaración jurada”, se entregan no sólo los ingresos, sino también los gastos con una planilla, y una suerte de “radiografía” en materia de egresos y recursos. “No es que podemos tener cosas en negro. Eso es imposible”, aseveran desde la firma.

Según los números que deja trascender la empresa, “el 65% de los ingresos” se destina a masa salarial, lo cual representa unos “15 millones” de pesos mensuales sobre un promedio de ingresos de “29 millones”, ello sin descontar Ingresos Brutos, IVA y Drei. Acotan que entre los gastos, sólo el desmalezado demanda un millón de pesos por mes, 800 mil pesos el traslado de caudales, y una cifra similar la seguridad privada y adicionales. Según esa ecuación, Arssa sostiene que sólo quedan “entre cuatro y cinco millones de pesos por mes” para la eventual ejecución de obras viales.

¿Futuro?

Hasta aquí, el gobierno de Miguel Lifschitz evitó hablar de una rescisión contractual, porque ello implicaría una decisión unilateral con posibles costos jurídicos y económicos para la provincia. Por eso, planteó iniciar un proceso que derive en una finalización del contrato de manera consensuada. ¿Será eso posible? Consultado el gerente general de Arssa, Edgardo Ragalli, respondió: “Nosotros estamos esperando conocer qué decisión toma la provincia para, a partir de ello, actuar. Entendemos que a juzgar por la documentación que ya presentamos y seguimos reuniendo, si hay alguien que está en condiciones de rescindir el contrato por culpa del otro, ésa es la empresa”, concluyó.