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23:02:56 01/12/2013

La Justicia santafesina ordenó suspender el aumento de la tarifa de agua

La Justicia de la provincia dio curso, dictando una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, al reclamo de una Asociación Civil rosarina para que se dé marcha atrás con el aumento en la tarifa que implementó Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) este  año. La demanda fue presentada por presunto incumplimiento del marco regulatorio del servicio en el que habría incurrido la empresa pública. La notificación de la resolución fue enviada esta semana al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y también a la compañía.  Sin embargo, fuentes consultadas en esos dos ámbitos dijeron desconocer la decisión judicial.

El Juzgado de Distrito Civil y Comercial Nº 18 de Rosario, a cargo de Susana Gueiler, dictó esta semana  una sentencia que ordenó con carácter provisorio y hasta que no se resuelva la cuestión de fondo –debido a que es una medida cautelar– suspender la aplicación del aumento de la tarifa  del servicio de agua que había dispuesto para este año el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe para las 15 localidades con cobertura de Assa. La demanda fue realizada por la Asociación Civil Ojo Ciudadano.

Esa ONG accionó legalmente contra Assa por el presunto incumplimiento de los procedimientos legales necesarios para poner en marcha el aumento de la tarifa. Para Ojo Ciudadano el conflicto radica en la falta de actualización del marco regulatorio de Assa materializado en la ley provincial 11.220.

En la presentación judicial esa organización señala que según el marco vigente ante cualquier tipo de situación el incremento del costo del servicio para los usuarios  debería  ser “la última de las opciones” a aplicar por la empresa. Sin embargo, dijeron, desde que la compañía volvió a manos del Estado luego de que fuera administrada por el Grupo Suez esa “elección viene siendo siempre la primera”.

Ojo Ciudadano ya denunció judicialmente a Assa en los años 2008, 2010 y 2012, cuando se dieran los anteriores aumentos. Las presentaciones han sido siempre en el marco de la ley 10.000 de intereses difusos  –y sus modificatorias contenidas en la ley 12.015–. A pesar de que en una primera instancia siempre lograron avanzar, finalmente la empresa y el gobierno provincial lograron revertir la situación e imponer los incrementos.

Algunas fuentes judiciales consultadas por El Ciudadano explicaron que, en rigor, es poco el margen de maniobra que tienen los magistrados  ante planteos como el realizado por dicha ONG en el marco de la ley 10.000. Es que uno de sus artículos establece que la medida cautelar debe dictarse de forma automática. Así, la misma normativa queda supeditada “al acto administrativo que está siendo cuestionado por ilegal”, explicó el vocero.

La suba en la tarifa de agua que aplicó la provincia para  este año es del 26, 5 por ciento en términos acumulados y se dividió en dos etapas. Las facturas con eso incrementos ya se han emitido.

La primer boleta con el 15 por ciento de aumento tuvo su primer vencimiento en el mes de  septiembre. La segunda, en noviembre.

En ese escenario lo que ordenó la Justicia (siempre teniendo en cuenta que la disposición es de carácter provisorio y hasta que haya una resolución de fondo) es reintegrar los montos ajustados en las facturas a emitirse hacia adelante. La próxima llegará en el mes de enero.

La notificación de la cautelar  fue enviada esta semana al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y a Aguas Santafesinas. Sin embargo, fuentes consultadas en esos dos ámbitos dijeron desconocer este sábado esa disposición.

La cartera que depende de Antonio Ciancio deberá actuar ahora de forma expeditiva. Se estima que en el curso mismo de esta semana los abogados del Ministerio de Aguas sugerirán a ese funcionario los pasos a seguir en el proceso. Tras eso Gueiler escuchará cuáles son los argumentos que planteará la administración provincial para revertir la disposición judicial y luego volverá a dictaminar sobre el caso.

La voz del Enress

Alberto Muñoz, uno de los integrantes del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), dijo desconocer la cautelar dictada por la Justicia. El dirigente sostuvo que el marco regulatorio plantea que “no deben transferirse a los usuarios las consecuencias del fracaso del proceso de privatizaciones. Y sobre todo en los últimos dos años eso no se ha cumplido acabadamente. En parte es lógico que en un proceso inflacionario se ajusten las tarifas. Pero lo que no se puede dejar pasar es que acá ha bajado el nivel de inversión”.

Vecinos del barrio Toba se quejan del agua

Los vecinos del Barrio Toba de la  zona sudoeste de la ciudad -en el amplio sector abarcado entre las calles Maradona hasta 1821 y desde Rouillón hasta el Sector 7- volvieron a denunciar que desde el año 2009 están preocupados por la calidad del agua en la zona y su incidencia sobre la salud. Muchos de ellos afirman “haber contraído enfermedades gástricas como consecuencia de esta situación”.

El edil Alberto Cortés, del partido Socialista Auténtico (PSA), logró en las últimas horas que el Concejo municipal convoque a una reunión con la presencia de la empresa Aguas Santafesinas, los centros de salud provincial y municipal del barrio y los vecinos para tratar la situación.

El Concejo gestionará que dicha reunión se realice en alguna de las escuelas del barrio.

Según Cortés muchos vecinos evitan beber el agua potable y deben proveerse el agua por sus propios medios trasladándose a barrios aledaños en la zona.

Según consultas a personal jerárquico de la empresa Aguas Santafesinas SA -en dicha zona, como en otras de la ciudad-, “el agua proveniente de la planta potabilizadora se mezcla con agua de pozo, para asegurar el caudal requerido, realizándose controles técnicos para asegurar la calidad de la mezcla resultante”, señaló Cortés

“Y lo dramático, más en época estival, es que las cubas de agua de la que provee ASSA para paliar esta situación no llegan en tiempo y forma con suficiente regularidad a los vecinos afectados”, agregó el edil.

Ante esta situación Cortés pidió nuevamente la reunión en el barrio con la empresa, municipio y vecinos ya que la misma se aprobó en primera instancia el 5 de agosto del 2010 (decreto 34.091 encomendando al Ejecutivo la organización de una reunión pública en alguna de las escuelas del barrio) “sin que hasta el momento se haya realizado ni resuelto la problemática”, rezongó el socialista auténtico.

Fuente: El Ciudadano