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Coronavirus: el mundo en crisis
El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Antonio Bonfatti, ingresó a la Legislatura el proyecto de ley de Uso del Suelo y Hábitat, el cual promueve un conjunto de herramientas que contribuyen a la consolidación de un marco legal más igualitario en materia de acceso a la tierra, que permiten al Estado provincial, avanzar en la construcción de soluciones habitacionales, y prevenir y revertir situaciones de informalidad urbana.
Bonfatti detalló que "la propuesta apunta a dotar a los gobiernos locales de herramientas que les permitan hacerse de tierras e infraestructuras necesarias para aquellos sectores sociales que tienen problemas habitacionales, garantizando una distribución más equitativa y solidaria del suelo urbano entre la población".
En este sentido, la norma se enfoca en reforzar esta estrategia, ampliando el marco jurídico con el que cuenta la provincia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y el hábitat digno. "Tal objetivo se alcanza a partir de la creación de instrumentos de gestión social, urbana y fiscal, que permiten la construcción de un nuevo orden urbano por parte del gobierno provincial", expresa el texto.
El proyecto promueve la instalación de procesos de gestión democrática que permiten la redistribución de las cargas y beneficios del desarrollo urbano, y aporta herramientas legales que facilitan la regularización de los asentamientos irregulares, a la vez que posibilitan el acceso a un lote urbano a familias que hoy no logran contar con un hábitat digno.
La ley avanza en la definición y establecimiento de diversas herramientas de aplicación por parte de los gobiernos locales. En este marco, establece posibilidades de fijar normas especiales de urbanización, parcelamiento, uso y ocupación del suelo que permitan mejor aprovechamiento de los recursos físicos y de capital social afectados a política de hábitat.
También se enfoca en la posibilidad de ejercer el denominado derecho de preferencia en favor del Estado para la adquisición de inmuebles cuando existan fundamentos en la regularización dominial de asentamientos irregulares y/o de ejecución de programas de interés social y urbano.
De igual modo, se plantea la fijación de requerimientos especiales de aporte y/o cesión (el equivalente a un 10 por ciento de la superficie urbanizada descontada calles) para aquellos emprendimientos de desarrollo urbano de gran escala (con parcelas mayores a los 10.000 metros cuadrados), estableciendo que la misma podrá ser en suelo, infraestructura o valor equivalente y para el uso exclusivo de urbanizaciones de interés social.
También plantea nuevas formas asociativas entre el sector público y el sector privado, orientadas a generar suelo con servicios básicos para disponer entre quienes no cuentan con lote o vivienda propia. Y promueve la creación de un Banco de Tierras para el hábitat.