La Justicia Federal inició una investigación contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito en negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, a raíz de alquileres por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Fuentes judiciales informaron que el fiscal Carlos Rívolo imputó a la exmandataria y a su hijo Máximo Kirchner por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

Tras el impulso del fiscal, el juez Claudio Bonadio dispuso el secreto de sumario en la investigación, que se inició tras una denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer. Según la denuncia de Stolbizer, en el 2008, la firma Los Sauces, integrada por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, empezó a alquilar distintos inmuebles a Báez y López, “empresarios vinculados de la obra pública”.

Pese a que “en 2007 y 2008 la empresa no distribuye utilidades, ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones”, al año siguiente “las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos”.

“Es imposible que una empresa que no tiene movimientos de golpe aparezca comprando tantos inmuebles millonarios”, señala la denuncia. Y agrega que “los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos doce años”.

Además, la diputada advirtió de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la expresidenta en los últimos años, y de allí la imputación por falsificación de documentos públicos. Al inicio del caso, el fiscal Rívolo había pedido que la causa quedara en poder del juez Daniel Rafecas, puesto que éste también investigaba irregularidades en las declaraciones juradas presentadas entre 2010-2013. Pero Rafecas lo rechazó y ahora la causa Hotesur, junto a las inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Cristina durante ese año, quedaron a cargo del juez Julián Ercolini, tal cual lo resolviera la Cámara Federal.