La fuga de siete reclusos alojados en el micropenal de Granadero Baigorria, cuatro de los cuales continuaban ayer prófugos, sumó nuevos condimentos al detectarse, entre otras cosas, que el candado que violaron los detenidos para abandonar la comisaría 24ª (donde se ubica el módulo de detención) no funcionaba correctamente.

Esta es una de las constataciones realizadas por la fiscal Karina Bartocci, de la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional, quien ordenó además el secuestro del libro de guardia para corroborar quiénes estuvieron en la comisaría el día de la fuga (jueves) y los anteriores. Se presume que la funcionaria busca establecer el grado de responsabilidad que pudo caberle al personal policial que debía custodiar el centro.

Bartocci también solicitó a la Policía de Investigaciones un informe fotográfico, croquis y planimetría del lugar. Pero también elaboró un informe de irregularidades en la comisaría en cuanto a seguridad que evaluará y contrastará con notas enviadas por el comisario de la seccional 24ª, donde solicitaba refuerzo de seguridad o traslado de detenidos, y advertía que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias para mantener a los reclusos.

Al respecto, la fiscal ordenó ayer el traslado de todos los detenidos que quedaban luego del episodio de fuga.

Pero lo llamativo es que, al secuestrar el candado, se constató que la mecánica de cerrado "no era la correcta". Lo que se intenta dilucidar ahora es si el desperfecto fue intencional o si el dispositivo venía fallado con anterioridad.

Mientras tanto, la policía intentaba ayer dar con el paradero de Cristian Gonzalo Acuña (detenido por tentativa de robo); Gonzalo Argañará (tentativa de robo calificado y lesiones); Cristian Moreno (prisión preventiva por homicidio doloso), y Franco Papaleo (robo con arma blanca), los cuatro evadidos que lograron darse a la fuga.

Otros tres, Marías G., Diego K y Ezequiel S. fueron recapturados por las fuerzas de seguridad poco después de fugarse. Están detenidos, respectivamente, imputados de los delitos de encubrimiento, robo y amenazas calificadas y abuso de arma.

La fuga puso sobre el tapete estos nuevo micropenales. El de Baigorria había sido inaugurado el 12 de marzo, y tenía capacidad para 16 personas. Sin embargo, personal policial venía advirtiendo lo que consideraba ciertas falencias en estos módulos, donde no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad (iluminación exterior, cámaras de vigilancia, protección de los muros medianeros de los baldíos linderos, bloqueo de los cerramientos, el candado), además de no contar con luz eléctrica y agua caliente.

No obstante, el Ministerio de Seguridad hizo una férrea defensa de estas estructuras, que —afirmaron desde el organismo— "fueron construidas con las normas de seguridad especificadas internacionalmente para el uso que se les asigna"