La causa por la muerte de Gerardo Escobar será investigada por la Justicia Federal bajo la carátula de desaparición forzada de personas.

Así lo resolvió la camarista Georgina Depetris tras escuchar los argumentos de apelación que los defensores de los cinco detenidos presentaron ante la resolución adoptada por el juez Luis María Caterina el 11 de diciembre pasado. En aquel dictamen, el magistrado siguió los criterios de la querella y la Fiscalía y aceptó el cambio de calificación de homicidio y encubrimiento agravado por el de desaparición forzada de persona, un delito que al suponer la participación del Estado (en este caso a través de la policía) debe ser instruido por la Justicia federal.

Al considerar que hay indicios de una posible participación policial en la muerte de Escobar, el juez Caterina decidió apartarse de la causa. Y así dio crédito a las evidencias expuestas por los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria, y el abogado querellante Gustavo Vera, quienes sostienen que Pichón fue golpeado salvajemente por un patovica al salir del bar La Tienda, ubicado en Tucumán 1149, la madrugada del 14 de agosto.

Tras ello, con ayuda de policías y personal del bar, lo habrían privado de la libertad y ocultado hasta que fue hallado muerto una semana después en el río Paraná. Para eso habrían utilizado al menos un patrullero de la comisaría 3ª, adonde habrían ingresado a Escobar sin registrarlo en el libro de guardia. En ese marco, la hipótesis de la querella se basa en que un patrullero levantó a Escobar en Sarmiento y Catamarca, donde llegó tras ser golpeado por patovicas de La Tienda, siete días antes de que el cuerpo fuera hallado en el río.