La causa judicial por la tragedia de Salta 2141 finalmente se resolverá en un juicio oral y público. Así lo resolvió el camarista Guillermo Llaudet Mazza, en una resolución conocida este jueves en los Tribunales provinciales y que desestimó un pedido que había hecho la defensa de uno de los imputados.

Por la explosión que causó la muerte de 22 personas hay once procesados por estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Aún no se conoce la fecha exacta en la que se iniciará el debate judicial, aunque se estima que podría ser a fin de año o principios de 2017. Con esa novedad quedó zanjada la discusión judicial en torno a la modalidad bajo la cual debían ser juzgados los imputados en la voluminosa causa.

Por la fecha en que ocurrió el hecho, 6 de agosto de 2013, el proceso podía definirse bajo el viejo sistema penal de la provincia, es decir en forma escrita y no pública. Pero la fiscal de primera instancia, Graciela Argüelles, y los apoderados de las víctimas pidieron expresamente que todo el juicio sea oral y público.

Esa postura no fue compartida por la defensa de los once imputados, quienes recurrieron a diferentes instancias para revertir esa situación. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, ese petitorio quedó en manos de Guillermo Llaudet, integrante de la Cámara de Apelaciones, quien este jueves firmó la resolución aceptando el pedido de la Fiscalía y la querella.

De acuerdo a la resolución que dictó en su momento la jueza Patricia Irma Bilotta, quien intervino en primera instancia, las personas imputadas por estrago culposo agravado son: los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra.

Además, también fueron procesados en su momento el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

En caso de una eventual condena podrían ser sentenciados a un máximo de 5 años de prisión.