El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, firmó un convenio en Rosario con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el objetivo de profundizar la articulación entre el gobierno y la Justicia federal y provincial para mejorar la persecución penal en materia de crimen organizado. En ese marco, la funcionaria nacional respaldó el reclamo del mandatario provincial para abrir más juzgados y fiscalías federales en territorio santafesino.

“Hemos charlado con la procuradora general de la Nación y los fiscales federales de la provincia sobre el panorama general de la justicia, la articulación entre la justicia federal y la provincial que, en los últimos tiempos, se aceitando y que queremos profundizar en esta nueva etapa. Sobre todo nos importa el respaldo de Gils Carbó a nuestro pedido de nuevos juzgados federales y nuevas fiscalías en la provincia”, dijo el gobernador santafesino.

Gils Carbó dijo coincidir “absolutamente” con el pedido del titular de la Casa Gris, y explicó: “La provincia tiene un esquema de división descentralizada que obedece a las distintas características de cada región, por lo cual debería haber por lo menos una fiscalía en cada una de esas regiones y también, más fiscalías federales; el delito se complejiza cada vez más y entonces debe ser más eficiente la labor de la justicia”.

En tanto, Lifschitz recordó que la solicitud de más juzgados federales también fue hecha ayer a los diputados nacionales “con la idea de hacerla oír a nivel nacional para ver si logramos tener como resultado una estructura que esté a la altura de las circunstancias, que pueda enfrentar con éxito todas las causas del narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero”. El gobernador añadió que “debe tenerse en cuenta la extensión del territorio provincial, donde las causas no se puede llevar sólo en Rosario; por eso, ya necesitamos, por ejemplo, un juzgado federal en San Lorenzo y que se habilite rápidamente el que ya está creado en Venado Tuerto”.

Durante el encuentro se firmó un convenio marco sobre el trabajo integrado entre jueces y fiscales federales con jueces y fiscales provinciales. “También contempla el apoyo y compromiso de la provincia en colaborar desde el Ministerio de Seguridad en la tarea investigativa que tienen que llevar adelante los fiscales federales”, precisó Lifschitz.