El presidente Mauricio Macri remitió hoy al Senado los pliegos de los juristas Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz para ocupar los dos cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, dejando de lado la polémica decisión de designarlos “en comisión” que postergaba para mas adelante la aprobación por parte de la Comisión de Acuerdos.

Los pliegos ingresaron esta tarde a la Cámara alta donde la comisión de Acuerdos, que todavía no está conformada, deberá iniciar el proceso de tratamiento que incluye varios pasos como la publicación de los edictos de postulación, la apertura de una etapa de recepción de avales e impugnaciones a los candidatos y hasta una audiencia pública para que ambos defiendan sus respectivos nombramientos.

“El presidente, Mauricio Macri, remitió hoy a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación las candidaturas de los Dres. Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz para ocupar las vacantes de ministros de la Corte Suprema de Justicia, conforme al inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional”, informó esta tarde el ministerio de Justicia de la Nación, a través de un comunicado.

El otro punto a sortear por el Ejecutivo si quiere acelerar los tiempos, es el no funcionamiento del Congreso, para lo cual debería llamar a extraordinarias para darle estado parlamentario en una sesión de la Cámara alta.

De lo contrario deberá esperar a la apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo para que ambos pliegos puedan ser tratados en el recinto en la primera sesión.

Por su parte, la presidente del Cuerpo Gabriela Michetti hizo trascender a través de una habitual vocera que se está “comenzando el proceso legislativo para el tratamiento en el Senado con el resto de las fuerzas políticas para la composición de la Corte”, aunque desde los distintos sectores políticos se descartó que haya habido contactos.

En tanto, desde el mayoritario bloque opositor Frente Para la Victoria-PJ se dejó trascender que es “altamente positivo que hayan enviado los pliegos, como marca la Constitución Nacional, y que hayan desistido de nombrarlos por decreto”, pero tampoco se adelantó postura alguna respecto los candidatos mencionados.

Se estima que el gobierno iniciará una ronda de negociaciones con el peronismo para que los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz sean aprobados sin problemas.

El giro dado por Macri -de designarlos “en comisión” a enviar los pliegos al Senado- es producto de las fuertes críticas recibidas, incluso hasta de constitucionalistas afines, así como del peronismo en general, que en la Cámara Alta tiene una mayoría importante de integrantes.

Aunque sin decirlo en forma explícita, el comunicado del gobierno reconoce el cambio de rumbo al indicar que se utilizó el mecanismo planteado en el decreto 222/2003, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, que abre a nivel del Poder Ejecutivo una instancia previa de información pública sobre las postulaciones, así como de recepción de avales y de impugnaciones, que el gobierno considera ya cumplida en enero.

“Luego de evaluar más de 7500 opiniones recibidas en el marco del Decreto 222/2003, las propuestas de los candidatos a ocupar las vacantes en la Corte fueron enviadas para consideración del Senado”, se consignó y se agregó que el mecanismo se ajusta “conforme al inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional”.

También se informó que “el Ministerio de Justicia evaluó 7595 presentaciones y opiniones con respecto a los candidatos”, de distintas entidades como ONG, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos, entre otras.

El aludido artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional indica que el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública convocada al afecto”.

El reglamento del Senado establece como procedimiento, la publicación de los pliegos en el sitio internet de esta Cámara, en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país, durante dos días, con una antelación no menor de quince días corridos de la fecha de celebración de la audiencia pública.