La senadora nacional Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica-ARI, pidió que sean mujeres quienes cubran las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia y adelantó que impulsará desde la cámara alta un proyecto de ley que garantice la “igualdad real” de género en el máximo tribunal.

“Mientras no haya equivalencia de género, las vacantes deberán ser cubiertas por mujeres”, juzgó la legisladora neuquina a través de un comunicado, en el que detalló que el artículo 1° de su proyecto establece que la Corte “deberá respetar el principio de equivalencia de género”.

Además, anticipó que reclamará al Senado que sea contemplada la igualdad de género en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La Constitución nos obliga a legislar y promover medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, de trato y pleno goce y ejercicio de todos los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad”, afirmó.

Odarda es autora de una iniciativa que propuso para Neuquén la incorporación de los dos géneros en la conformación del Superior Tribunal de Justicia y el aumento del número de jueces, de tres a cinco.

“La totalidad de las vacantes que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con la equivalencia de género”, sostuvo.

Días atrás, el presidente Mauricio Macri designó por decreto como jueces “en comisión” de la Corte a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo que recibió cuestionamientos de juristas y legisladores.

En este marco, la Coalición Cívica (socia del PRO en la alianza gobernante Cambiemos) presentó un proyecto que busca evitar “designaciones que pudieran ser tachadas como de dudosa constitucionalidad, como lo son todas aquellas que omiten la intervención de alguno de los órganos o poderes llamados a intervenir por la Constitución Nacional”.

El texto redactado por la CC-ARI sostiene que “los jueces de la Nación son nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado y, salvo los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación”.