Los diputados nacionales del radicalismo, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, presentarán este lunes en el Congreso un proyecto, cuyo autor es el diputado provincial santafesino, Maximiliano Pullaro, que pretende que el Estado se pueda quedar con los bienes producidos por el narcotráfico, aunque no haya condena penal".  

  "El crimen organizado necesita de acciones urgentes e inteligentes por parte del Estado Nacional. Una de las herramientas es la incorporación de la Acción de Extinción de Dominio, que permite que aún en el caso de que el acusado por delitos de narcotráfico no haya sido condenado en un juicio penal porque se fugó, murió o prescribió la causa, igualmente puedan decomisarse sus bienes en el marco de un juicio civil", explicaron los legisladores. El proyecto considera que la ley se puede aplicar sobre los bienes "que sean producto u objeto material de las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de las actividades ilícitas perseguidas". "El régimen actual, que durante mucho tiempo fue adecuado aunque mejorable, en la actualidad se demuestra como insuficiente para perseguir los resultados patrimoniales de los delitos complejos en general, y del narcotráfico en particular. Esto se debe a que no permite perseguir los bienes en caso de que la acción penal se extinga antes de la sentencia, y que es absolutamente ineficiente para privar de sus recursos a las organizaciones criminales en caso de condena de uno de sus integrantes", explicó Pullaro.    "Tiene que haber consenso político muy importante. Nosotros - continuó Pullaro - sentimos que se tocan mucho los temas desde la superficie pero no se tocan los temas de fondo. Lamentablemente muchas veces vemos que no hay honestidad política en estas discusiones. No pueden estar en la problemática corta de los partidos ni ser bandera de uno en particular. Tiene que ser tema de agenda de la política".   Según el proyecto, se incautarían, también, "los bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes; y aquéllos de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los incisos anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, o aprehensión material".   En cuanto al destino de las propiedades incautadas, los diputados explicaron que "la sentencia en el juicio civil ordenará el decomiso de los bienes, los cuales pasarán a integrar el patrimonio público". El dinero de esos bienes se destinará en un 90% al programa "Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción".   El proyecto de Pullaro insta a que las personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico sean sometidas a un proceso judicial civil en el cual deberían justificar que todos sus bienes "fueron adquiridos con fondos lícitos".    Durante la semana, el santafesino habló con Alfonsín, quien le reconoció que el bloque de la UCR "lo había estudiado y estaba de acuerdo en términos generales", y solo restaba efectuar algunas "modificaciones en cuestiones técnicas" para presentarlo.

Iniciativas similares se implementan en México y Colombia, donde se lo denomina "extinción de dominio". Se procura que todos los bienes injustificables de un narcotraficante pasen a manos del Estado, que después deberá decidir qué hacer con ellos.  

En mayo de 2013, la familia Álvarez Meyendorff, cuyo líder Ignacio fue detenido en Argentina, sufrió un duro golpe en Colombia, luego de que la Fiscalía General decidió incautarle bienes materiales por más de u$s 700 millones.