El fiscal Jorge Di Lello pidió sobreseer al presidente electo Mauricio Macri por la causa de espionaje ilegal en la que se encuentra procesado. El fiscal cree que no hay elementos para llevar al presidente electo a juicio oral y público.   Fuentes judiciales informaron que el pronunciamiento del funcionario del Ministerio Público se inclinó por apartar  definitivamente al próximo jefe de Estado de la causa en la que, en principio, había estado procesado. Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello le envió la causa en vista a Di Lello para que se pronunciara sobre si correspondía elevar a juicio, sobreseer o pedir más pruebas contra Macri, antes de que asuma la presidencia.

"Es un presidente electo y es necesario saber cuál es su situación. Son seis años, un plazo razonable para tener el tema resuelto", afirmó en diálogo con La Nación.

En la causa se investiga una red de espionaje que se montó en distintas órbitas del Gobierno porteño para intervenir teléfonos con ordenes judiciales de empresarios y dirigentes. La causa empezó en 2009 cuando el representante de la comunidad judía Sergio Burstein estaba de viaje en Nueva York con la presidenta Cristina Fernández para participar de  una asamblea en la ONU y un agente de la Side llamó a su casa del  barrio de Almagro y habló con su hija diciéndole que el teléfono de su padre había sido “pinchado”.

Según Burstein, el desconocido dijo que había sido por orden del Jorge “Fino” Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana, a quien el marido de una víctima de la Amia denunciaba por el  desvío de la “pista siria” en el atentado. El juez Casanello ya mandó a juicio a Palacios, al espía Ciro James y al ex ministro de Educación Mariano Narodowski, además de  ex jueces, empleados judicial y policías de Misiones, acusados de  integrar una red que desde el Estado porteño realizaba  intervenciones telefónicas ilegales. Todos ellos serán juzgadas a partir del 5 de septiembre de 2017 por el Tribunal Oral Federal 5.   Pero Casanello dejó procesado a Macri y se negó a sobreseerlo a la espera de que la Justicia de Estados Unidos enviara un informe sobre la contratación de la empresa Ackerman, y dispuso una  serie de testimoniales, entre ellas la del ministro de Seguridad y Justicia porteño Guillermo Montenegro que bajo juramente desligó a  Macri de la contratación del "Fino" Palacios en la Metropolitana.