El tribunal federal integrado por Omar Paulucci, Ricardo Vázquez y José María Escobar Cello absolvió a Diego Cuello, Gabriela Martinetti, Facundo Sandoval y Carlos Arriola en la causa conocida como "narcochacra" al considerar viciado y nulo el allanamiento del 4 de abril de 2013 en esa quinta de Alvear. Asimismo, los jueces hicieron lugar al pedido del fiscal federal Adolfo Villate quien, además de pedir la absolución de los acusados, solicitó que se investigue la actuación de los policías y si el entonces juez de instrucción Juan Carlos Vienna, que ordenó el allanamiento, conocía la falsedad de los hechos o bien si fue inducido con mala información de los policías que participaron del operativo.

El allanamiento se ordenó tras un robo al local de Calatayud de San Martín al 2100, de donde una banda se llevó electrodomésticos el 2 de abril de 2013. El allanamiento en la chacra fue dos días después y, según lo ventilado en el estrado, se basó en información anónima.

Los acusados fueron Diego Cuello, de 38 años, dueño de la quinta donde también fueron apresados su pareja Gabriela Martinetti, el empleado Carlos Arriola y el casero Facundo Ceferino Sandoval. A los tres primeros los defendió Fausto Yrure, al último la defensora oficial Ana María Gil.

En el operativo se incautaron más de 4 kilos de cocaína y 13 de marihuana hallados en un desagüe del chiquero de la chacra. Además se secuestraron dos balanzas, 145 mil pesos, celulares, dos chalecos antibalas y armas. En la Justicia provincial se inició una causa por la tenencia de dos pistolas y tres escopetas, pero los acusados recibieron la falta de mérito tras un fallo de Cámara que criticó severamente el operativo. Sólo fue procesado Cuello por la tenencia de una Itaka oficial en otro domicilio suyo allanado.

Al banquillo. En el juicio oral los cuatro acusados parecieron quedar en segundo plano frente al interés del tribunal y las partes en escudriñar el operativo policial de la policía santafesina en la llamada "narcochacra". Y salvo en los primeros minutos de la audiencia inicial, cuando los implicados se presentaron y dos de ellos quisieron declarar, lo que pareció estar en el banquillo fue el procedimiento.

El debate ante el tribunal se concentró en dos audiencias, una el viernes de la semana pasada y la última ayer. Las preguntas del fiscal e incluso de los jueces, más que en la relación de Cuello y su gente con los bienes secuestrados, ahondaron en las anomalías del operativo. Buscaban aclarar cuestiones como la motivación del allanamiento; por qué se destapó la cámara séptica de un chiquero si se buscaban electrodomésticos robados; por qué se convocó, y tarde, a un único testigo; quién era el oficial superior que daba las órdenes; por qué no se dio a conocer a los dueños la orden de allanamiento; por qué se rompió a golpes la puerta de la casa o qué había en una ya famosa bolsa de plástico negro que se llevó un policía al grito de "bingo", cuyo contenido no figura en ningún lado.

Asimismo, el tono del juicio no pareció desligado de los roces entre la Justicia federal y la provincial por cuestiones ligadas a la competencia en causas de narcotráfico. Una controversia que lleva varios capítulos y que surgió con la causa de Los Monos, también a cargo de Vienna.

El viernes a la mañana brindaron los últimos testimonios dos policías, entre ellos el de mayor rango a cargo del operativo. Expusieron luego de que el fiscal desistiera de una decena de testimonios, dado que ya había orientado el rumbo del alegato final que brindó por la tarde.

Garantías. Villate argumentó en su alegato que la función del Ministerio Público de la Acusación es sobre todo la de obtener garantías constitucionales y que el fiscal "debe aclarar la situación de los hechos con la facultad de la absolución incluso a favor de los imputados y velar por la Justicia en defensa de la legalidad".

El fiscal reseño que Cuello, según lo que él mismo declaró, había sido amenazado por Vienna para que se hiciera cargo del crimen de Martín "Fantasma" Paz, muerto a balazos el 8 de septiembre de 2012, crimen por el cual se inició la investigación que derivó en la causa Los Monos.

Villate ahondó en que a partir de observar las filmaciones del procedimiento, obtenidas tras muchas gestiones a la Corte Suprema provincial, queda en duda el objetivo del allanamiento inicialmente orientado a buscar electrodomésticos. Para el fiscal no quedó claro cómo se halló la droga y eso puso en duda la veracidad del operativo.

Villate enfatizó que el robo a Calatayud fue un día antes del allanamiento que se basó en información "de calle" sin ningún respaldo y efectuadas de manera anónima.

Confusa declaración de un alto jefe policial

Uno de los últimos en declarar fue el comisario Juan Hugo Cabral, actual jefe de la Unidad Regional VI de Constitución y quien al momento del operativo era titular de Orden Público de la jefatura rosarina. El oficial se despegó al afirmar que el procedimiento estaba a cargo del inspector de zona Claudio Peralta a quien, sin embargo, admitió haber notificado del operativo minutos antes, cuando la comitiva de patrulleros se dirigía al lugar.

Lagunas. Cabral brindó un testimonio poco fluido, con lagunas ante preguntas que no respondió por fallas de memoria. Tampoco dio precisiones sobre los datos que motivaron la requisa en la chacra.

La orden firmada por el juez Vienna refería al hallazgo de electrodomésticos robados. Al día, siguiente un informe de tres empleados de Orden Público —en base a "datos de calle"— fue remitido a la comisaría 5ª, que investigaba el robo. El reporte señalaba a Diego Cuello como sospechoso de piratería del asfalto. Cabral justificó el informe diciendo que semanas antes habían robado un camión con electrodomésticos en zona de la comisaría 33ª luego hallado cerca del lugar allanado.

Dijo que para organizar el operativo se hizo una reunión en Jefatura, de donde partieron en caravana policías de su área, de Cuerpos, Brigada Motorizada, Infantería, comisarías 5ª y 2ª (entre ellos el policía Germán Almirón, preso por facilitar la fuga de un sicario de Los Monos) y el Comando. No dio detalles del operativo en sí porque dijo haberse ocupado del control del perímetro, mientras que a la quinta —afirmó— ingresaron Peralta y el entonces jefe de la 5ª, José María Brunelli. Este, sin embargo, había declarado que llegó a 20 minutos después porque se demoró custodiando a dos detenidos. Como sea, a los primeros que se ve en el video son policías de Infantería, un empleado de Orden Público y efectivos de la 5ª, entre ellos el que se apoderó de la famosa bolsa de consorcio negra.

Ayer se precisó que este policía, de apellido B., fue al lugar en su auto personal, un Chrysler gris que quedó estacionado a varios metros de la casa. En el video se lo ve ingresar entre los primeros que irrumpen y retirar la bolsa de una mesa al grito de "bueno, bingo". Según planteó el fiscal, al escuchar la filmación se advierte que luego dice "efeté". Después camina bolsa en mano hacia su auto. El empleado de Orden Público Fabio Cez había dicho que en la bolsa había una soga para remolcar el auto de B., porque se le había "roto el carter". Preguntado por el contenido de la bolsa, Cabral respondió: "Del periodismo surgió que había una soga". Desde el entorno de Cuello se dijo que la bolsa tenía euros.

Según declaró, Cabral tuvo escaso protagonismo en el operativo. Dijo que a su llegada ya habían hallado el dinero y las armas y no pudo recordar quién le informó, más tarde, del hallazgo de la droga. Pero al exhibirle el video, el fiscal le señaló un tramo en el que se ve a Cez agacharse ante una cámara séptica donde se incautó la droga semisumergida. Y donde se ve, en el minuto 50 de la filmación, que junto a él estaba de pie Cabral.