La popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se hundió a un nuevo mínimo y cada vez más brasileños quieren que sea sometida a un impeachment (juicio político), ante un creciente escándalo de corrupción y la grave desaceleración económica, mostró un sondeo de opinión. Las cifras son otro revés para Rousseff, que enfrenta críticas desde sus propios compañeros del Partido de los Trabajadores (PT) por las medidas de austeridad que su gobierno adoptó para proteger la calificación de grado de inversión del país.

La encuesta de CNT/MDA mostró que el índice de aprobación a su gobierno cayó a un 7,7 por ciento, frente a un 10,8 por ciento en el sondeo de marzo, mientras que un 70,9 por ciento calificó negativamente su administración, en comparación a un 64,8 por ciento en marzo. El número de los que respondieron al sondeo y que favorecen un juicio político a Rousseff por un enorme escándalo de pagos de coimas en la petrolera estatal Petrobras subió a 62,8 por ciento desde 59,7 por ciento hace cuatro meses. Las acciones preferentes de Petrobras subieron cerca de un 3 por ciento tras la publicación del sondeo. Inversores creen que una impugnación a la mandataria conduciría a una mejor gestión de la petrolera estatal brasileña.

Irregularidades. Los brasileños que quieren que se realice un juicio político desean que Rousseff, que asumió hace apenas seis meses su segundo mandato, sea destituida por las prácticas de corrupción dentro de Petrobras, empresa que dirigió antes de llegar a la presidencia de Brasil, en 2011. El sondeo mostró que muchos de quienes quieren un proceso político contra la mandataria citan también las presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña y del mal manejo contable del gobierno durante su primer período. Según la encuesta una gran mayoría de los brasileños un 84,6 por ciento cree que Rousseff es incapaz de manejar la peor desaceleración económica que ha sufrido el país en 25 años, con un Producto Interno Bruto que se prevé se contraerá un 1,7 por ciento este año.

La Justicia investiga a más de 50 políticos, principalmente de la coalición de gobierno de Rousseff, por sobornos recibidos por las principales firmas de construcción e ingeniería de Brasil que se habrían derivado de los sobreprecios cobrados a Petrobras. A Rousseff no se la está investigando, pero sus detractores piden que enfrente un juicio político, lo que exigiría pruebas de que su campaña electoral fue financiera con dinero de sobornos. Rousseff y el PT dicen que todas las donaciones a su campaña fueron legales.

Este mes, la consultora de riesgo político Eurasia subió a 30 por ciento desde 20 por ciento las posibilidades de que a Rousseff se la someta a una impugnación, para lo que se necesitaría un poco probable acuerdo entre sus aliados del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y los opositores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El sondeo de MDA, encargado por la Confederación Nacional de Transportes (CNT), contempló entrevistas a 2.002 personas entre el 12 y el 16 de julio.

Rousseff deberá enfrentar también un presente complejo luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, investigado por el caso Petrobras y públicamente distanciado del gobierno, adelantó que promoverá el debate de 11 pedidos de impeachment contra la mandataria. La jefa de Estado, que el lunes reunió a su gabinete para analizar la crisis generada por las denuncias de corrupción en Petrobras, reconoció cuando ganó su reelección en octubre pasado que le esperaría un período con grandes retos, y el panorama político pareciera confirmar aquel pronóstico. El debate sobre un juicio político ganó preponderancia en los últimos meses cuando se realizaron dos marchas de protestas aunque luego los propios opositores asumieron que no estaban pidiendo un retiro anticipado de la mandataria. Sin embargo, cobró más peso esta semana cuando Cunha, que acaba de anunciar su alejamiento personal con el gobierno, dijo que promoverá el debate de 11 pedidos de impeachment contra Rousseff que estaban archivados y ahora podrán ser analizados por la dirección de la Cámara baja.

Guerra virtual. Convertido en el principal enemigo de Rousseff, Cunha declaró ayer que pidió "la actualización de esos proyectos porque ellos no perdieron vigencia". La virtual guerra política entre el jefe de Diputados y el Palacio del Planalto desató una "grave crisis institucional", según admitieron fuentes del gobierno, y ante los acontecimientos Rousseff llamó el lunes a sus ministros para establecer una estrategia con la cual campear la tempestad.

Frente a este panorama, el ministro Ricardo Berzoini, y el de Aviación Civil, Eliseu Padhila, hicieron un llamado a la cordura y a que se establezcan "puentes" entre el Ejecutivo y Legislativo. Cunha pertenece al PMDB que, junto al PT, son la base de la coalición gobernante. El vicepresidente, Michel Temer, titular del PMDB, relativizó el impacto de la rebelión de Cunha y ratificó su alineamiento con Rousseff.