El juez federal Claudio Bonadío realizó procedimientos en las sedes del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, de YPF y de Enarsa en busca de información en una causa sobre supuestas dádivas o sobornos en la importación de gas abierta a partir de una denuncia de diputados nacionales macristas.

Los operativos ocurrieron un día después de que Bonadío fuera apartado de la causa Hotesur, frente a los cuales De Vido afirmó que, "por lo visto, hay un plan de allanamientos para todos y todas", parafraseando a la presidenta Cristina Kirchner, según difundió su oficina de prensa.

También Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica nacional y precandidato a vicepresidente en la fórmula que comparte con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, criticó a Bonadío por los procedimientos.

"Algunos magistrados actúan más en la política que en la Justicia, algo que nosotros nunca hicimos", dijo Zannini en San Juan. Y aseveró: "Parece que les gusta embarrar la cancha". Luego aclaró que no fueron allanamientos y que los organismos darán la información solicitada por Bonadío.

Bonadío dispuso a la Policía Metropolitana, que depende del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para hacer las diligencias, al igual que lo ocurrido con los procedimientos realizados en Santa Cruz por la causa Hotesur, por lo cual fue duramente criticado por el kirchnerismo.

Personal de esa fuerza concurrió a las sedes de Planificación Federal, de YPF y de Enarsa con órdenes de presentación para retirar información de los organismos.

"Los procedimientos fueron ordenados a finales de la semana pasada. Estaban previstos para el jueves), pero por problemas logísticos de la Metropolitana me aconsejaron pasar la diligencia para este viernes", explicó Bonadío.

Al respecto, el juez agregó: "Esto no es consecuencia de lo que ocurrió en la causa Hotesur", en referencia a su apartamiento.

Los operativos fueron realizados en una causa que se inició en octubre del año pasado por una denuncia de los diputados nacionales del PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso a instancias de dichos públicos de Roberto Dromi, quien fue ministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem y uno de los arquitectos de las privatizaciones de las empresas estatales en la década del 90.

En la causa se investigan presuntas irregularidades y pagos de sobornos y dádivas en la compra de gas licuado por parte de YPF, con la intervención de Enarsa y personal de Planificación.

Por su parte, YPF sostuvo, a través de un comunicado, que Bonadío sólo le requirió documentación sobre compras de gas natural licuado (GNL) por parte de Enarsa desde 2008 a la actualidad. E indicó que "pondrá a disposición" del magistrado la información solicitada.

La empresa sostuvo que, hasta la fecha, no hubo "intervención previa en la causa ni tiene conocimiento de lo que se investiga en ella".

Sobre las compras de barcos cargados con GNL, YPF señaló que "brindó a partir de noviembre de 2012 asesoramiento y contribuyó a la gestión de los procedimientos de compras que lleva adelante Enarsa, cumpliendo estrictamente con las normas jurídicas aplicables".

Agregó que "YPF trabajó, por cuenta y orden de Enarsa, para establecer un proceso de selección de los oferentes totalmente transparente con el objetivo de generar competencia y lograr seleccionar a los mejores proveedores con los precios más competitivos de mercado".

Fundamentos. Los diputados del PRO basaron la denuncia judicial que dio origen a la investigación de Bonadío sobre Planificación, YPF, Enarsa, Transener y varias empresas y particulares que figuran como asesores o intermediarios en las operaciones de provisión de GNL en reportajes concedidos a diarios por Dromi y en un comunicado de la petrolera de mayoría estatal.

Dromi expresó, como asesor de De Vido, que "YPF actuaba en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley".

Los denunciantes recordaron en su escrito que "en 2008 la Argentina compró siete barcos y, en 2012, 80, a un costo que se estima en 50 dólares millones cada uno".

Al respecto, se señaló que por esas compras "en YPF criticaron a gritos la contratación de barcos que hacía Enarsa por mandato de De Vido".

"Si aparezco suicidado, busquen al asesino", ironizó el juez

El juez federal Claudio Bonadío aseguró que fue apartado de la causa por no poner a "dormir" el caso Hotesur, señaló que los argumentos de la Cámara Federal para tomar esa decisión son "absolutamente falaces" y lanzó una temeraria advertencia: "Si aparezco suicidado, busquen al asesino". Luego, pareció advertir la gravedad de sus afirmaciones y aclaró que lo dijo como una "ironía".

"Lo digo públicamente. Si aparezco suicidado, busquen al asesino porque no es mi estilo", había afirmado de entrada Bonadío.

Además, señaló que "(José de) San Martín decía que no es para cualquiera la bota de potro y, si uno quiere tranquilidad, la opción es una verdulería; si uno está en esto, tiene que saber que, a veces, vienen cosas buenas, como también cosas malas".

"Si no dormía las actuaciones, esto iba a pasar", graficó el magistrado en referencia a la decisión de la Cámara Federal de apartarlo de la causa.

Bonadío indicó que hay un "intento de colonización, apriete y domesticación" de la Justicia, al que calificó de "horripilante".

"Los argumentos son absolutamente falaces. Es un corte y pegue de varias cuestiones que, en realidad y en el peor de los casos, si fuera cierto, se podría haber dictado la nulidad de la designación de los peritos", agregó.

Para Bonadío, "lo importante" era apartarlo porque, según dijo, "a partir de la tarde del jueves o el viernes llegaban los documentos secuestrados en Santa Cruz".

Seguridad. En tanto, la Nación le ofreció a Bonadío "un mayor número de efectivos policiales para su custodia", después de que el magistrado advirtiera que, si aparecía "suicidado", buscaran al "asesino".

La propuesta fue realizada por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien, no obstante, destacó que Bonadío ya cuenta con varios autos y efectivos de las policías Federal y Metropolitana que lo protegen.