La presentación judicial que había realizado Aguas Santafesina SA (Assa) a fines del año pasado dio sus frutos. De los 120 clientes comerciales rosarinos que fueron intimados judicialmente por la compañía estatal, 80 causas quedaron en firme e incluso ya se trabaron embargos sobre 20 inmuebles. La expectativa de la empresa es recuperar un total de 2.400.000 pesos.

La movida en Tribunales resulta inédita pero promete no ser la única. Desde la empresa se evalúa de aquí en más ir también por los grandes deudores residenciales.

El 8 de octubre pasado, LaCapital había dado cuenta del primer paso de Assa en los estrados judiciales. Se trató de unos 120 clientes no residenciales que habían sido intimados a regularizar deudas contraídas con la compañía estatal pero que nunca las saldaron, por 4 millones de pesos.

Dentro de este universo, hubo 40 casos a los que ya les habían cortado el suministro por falta de pago. Las deudas rondaban entre los 50 mil y los 550 mil pesos.

La denuncia judicial llegó cuando se agotaron los recursos administrativos sobre un grupo de 160 morosos no residenciales. De estos, 40 respondieron a la intimación, acordaron el plan de pagos y se recuperó cerca de un millón de pesos de deuda original.

Y de los 120 que fueron llevados por Assa a la Justicia, la empresa presentó en este último trimestre más de 80 demandas de ejecución de deudas de clientes no residenciales.

En todos estos casos, los jueces aceptaron las demandas y se trabó embargos sobre cerca de 20 inmuebles, abriendo la posibilidad de rematar los mismos en caso de que no se cancelen los pasivos.

Estas demandas totalizan una deuda cercana a los 2.400.000 pesos, que la empresa pública apunta a recuperar a través de estas acciones.

En todos los casos de inicio de acciones judiciales, se trata de usuarios que mantienen importantes deudas de larga data: entidades deportivas, hoteles, sanatorios, heladerías y otro tipo de empresas que tienen al agua potable como insumo.

En el caso de los clubes y entidades sociales y deportivas fueron los que más fueron decantando de la "lista negra" de los 80 que siguen en vía judicial.

En este núcleo duro hay galpones, establecimientos medianos y se excluyen del listado las grandes firmas asentadas en la ciudad.

"Por lo general son establecimientos en actividad o lugares que tienen establecido un titular registral y se resisten a regularizar", agregó ayer el gerente de Relaciones Institucionales de Assa, Guillermo Lanfranco.

Si bien se trata de la primer acción contundente, la cosa parece no quedar allí.

Está previsto a la brevedad promover acciones de similar entidad para aquellos grandes deudores residenciales que registren consumos elevados y que no regularicen sus deudas en la instancia previa.

"Ahora se está evaluando avanzar sobre residenciales que son grandes consumidores dejando en evidencia que su uso del servicio no tiene que ver con algo esencial", advirtió Lanfranco.

Desde septiembre, Assa hizo foco sobre grandes usuarios no residenciales que acumulaban deudas con un consumo promedio de 300 metros cúbicos bimestrales. En algunos casos, jamás se había pagado una boleta en los seis años de existencia de la empresa estatal.

Como contracara al sector comercial, Assa tiene un nivel de cumplimiento de clientes residenciales que roza el 90 por ciento respecto del pago bimestral.