El Concejo aprobó un pedido al Ejecutivo local para que brinde informes acerca de los empresarios que pretenden instalar en Rosario el bar temático Hard Rock Café, en Oroño y Rivadavia. Se busca evitar, ante indicios que surgieron en ese sentido, que desembarque una sociedad vinculada a posibles lavado de dinero.

“Plantear esto es ponerle una vacuna preventiva a la ciudad contra el lavado de activos en Rosario”, expresó el concejal del PPS Héctor Cavallero.

“No nos interesa que venga dinero producto de lavado o de otras actividades ilícitas”, agregó el ex intendente y argumentó que existe “no sólo un rumor sino una denuncia concreta de la Afip, que aporta pruebas” en contra de miembros de HRC Rosario SA, la sociedad constituida para encarar el proyecto gastronómico en una de las zonas más exclusivas para el rubro.

Los concejales aprobaron por unanimidad la solicitud de informes a la Intendencia y se basan en “la información que surge del Boletín Oficial Nº 32.867 en cuanto a la constitución de la sociedad y la vinculación de algunos de sus integrantes con operaciones financieras investigadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)”, según el texto oficial.

Además, los responsables del emprendimiento  pretenden conseguir una excepción al Código Urbano vigente para encarar una lujosa edificación en el inmueble de avenida Rivadavia y Oroño, donde años atrás funcionaba una parrilla.

Pero “al margen de la valoración urbanística en cuanto a la excepción” requerida por la sociedad para instalar en Rosario una marca reconocida internacionalmente, los ediles consideran que “se hace imprescindible esclarecer previamente el origen de los fondos para llevarlo a cabo”.

En ese sentido, recordaron que, ante la necesidad de controlar y dar transparencia a los aportes económicos que se realizan para la concreción de grandes inversiones, el año pasado el Concejo sancionó la ordenanza Nº 9.204, que busca “evitar que la ciudad se transforme en una plaza sencilla para el lavado de activos de origen ilícito”.

Ahora el Ejecutivo local deberá recavar de forma “urgente” los datos reclamados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el origen de los montos de la inversión y emitir un informe para su evaluación.