Dos empleados de la Policía de Acción Táctica de Rosario, uno de ellos con cargo de jefe, quedaron implicados en una investigación penal tras ser denunciado, uno de ellos, de liquidar de manera irregular horas extras a efectivos que no habían prestado esos servicios, con el objetivo de que parte del dinero fuera luego reintegrado para provecho personal. Los dos empleados serán pasados a disponibilidad. No había contra ellos ninguna medida restrictiva de la libertad.

La situación se desencadenó a partir de la denuncia que una empleada de la PAT, una fuerza de creación reciente en la policía santafesina, en la Dirección de Asuntos Internos que un oficial firmaba formularios donde ella aparecía cumpliendo Horas Ospe (horas de servicio de policía excepcional), que luego se depositaban en su cuenta, bajo la exigencia de que luego le reembolsara una proporción de ese trabajo en realidad no realizado. Billetes marcados. Frente a la denuncia, personal de la Delegación Sur de Asuntos Internos, encabezado por la subjefa Estela González, allanó el viernes la sede de la PAT. La fiscal Karina Bartocci, de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional del Ministerio Público Fiscal, había autorizado una entrega controlada de dinero, con billetes previamente fotocopiados y certificados. La empleada policial ingresó a la PAT con esos billetes marcados y con un micrófono disimulado en su uniforme.

Aquí se produjo una situación equívoca. La persona mencionada en la denuncia, el suboficial A.M., no estaba en el lugar. Entonces la joven empleada, notoriamente nerviosa, le dio el dinero al oficial a cargo, subcomisario J.R. L, y le dijo que le dejaba esos billetes para entregar al superior que ella había referido en su presentación.

Cuando el personal de la División de Investigaciones Judiciales y Administrativas de Asuntos Internos entró al lugar encontró el dinero en el cajón de un escritorio. La fiscal Bartocci no había definido si llevará a audiencia imputativa a los dos policías, a los que, según fuentes del gobierno provincial y de la Fiscalía Regional Rosario, se atribuirían provisionalmente dos delitos: exacciones ilegales y defraudación a la administración pública.

Grabado en audio. La empleada denunciante previamente había grabado, por pedido de Asuntos Internos, una conversación con el oficial al que acusa de pedirle dinero. De allí surge que el policía le señala que le hizo depositar en su cuenta 3.000 pesos y que ella —según fuentes de investigación— debía darle 1.100 pesos: 500 correspondientes al mes en curso y 600 al mes anterior. Frente a ello la joven contestó que iría al cajero automático y le dejaría lo adeudado.

Esa cantidad de dinero fue, en efecto, lo secuestrado en el escritorio de la PAT, que tiene sus dependencias dentro del predio de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos.

El libro de guardia. Por orden de la fiscal Bartocci se secuestaron los libros memorandum de guardia y documentación relativa a la distribución y liquidación de horas extras. Los dos policias señalados fueron identificados dactilarmente por los delitos presuntos referidos.

Fuentes de la Fiscalía Regional de Rosario consignaron que la investigación es preliminar y que aún no se han establecido las situaciones de presunto delito como para llevarlos a una audiencia imputativa.

A la vez, fuentes de la Jefatura de Policía manifestaron que el procedimiento adolesce de claridad. “La denuncia es contra una persona, la empleada que acusa le entrega el dinero a otra y le dice que se lo dé al denunciado. Es muy raro. Ignoramos qué se le podrá probar a la persona que recibió la plata de una manera informal de una compañera de trabajo”, indicó la fuente consultada.

Un portavoz de la investigación relativizó ese comentario. “Es cierto que la causa recién se inicia. Pero hay una conversación inicial grabada, que era seguida por Asuntos Internos mientras se producía, donde el policía denunciado le pide dinero a la denunciante”.

Maniobras reiteradas. Las irregularidades con horas extras son motivo de denuncias que tienen habitualidad. A partir de una investigación de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, a fines de mayo pasado nueve policías rosarinos fueron pasados a disponibilidad al quedar como sospechosos en una investigación por defraudación en perjuicio de la administración pública, debido a maniobras con el cobro de horas extras por servicios en un hospital Roque Sáenz Peña de Rosario. Entre los acusados hubo un comisario y ocho suboficiales.

Las actuaciones aquellas habían sido iniciadas en marzo pasado a partir de un llamado anónimo. Allí los funcionarios constataron la irregularidad. Fue mediante inspecciones visuales, entrevistas a personas que trabajan o frecuentan habitualmente el hospital y cotejando estos datos con información proporcionada por la Unidad Regional II. Así se supo que los policías que recibían en sus cuentas dinero por horas extras prestadas supuestamente en el nosocomio en realidad no acudían a trabajar allí.