Luego de que Martín Díaz, un empleado judicial que había sido excarcelado a pesar de estar acusado por abusos reiterados a su hija adolescente, volvió a atacarla, estalló el escándalo judicial en la ciudad de Vera, donde se produjeron los hechos. 

La madre de la víctima dijo que iba a pedir el juicio político para el magistrado Gustavo Gon, quien ordenó la excarcelación, y también para el defensor general, Gabriel Ganón quien reincorporó a Díaz en su cargo dentro del Servicio Público de la Defensa. 

Mientras tanto, la fiscalía regional aseguró que desde el Ministerio Público de la Acusación se había pedido que el imputado permaneciera tras las rejas y que se había advertido del peligro que implicaba para la adolescente la libertad de su padre.

Como contrapartida, se conoció el fallo del juez Gon, en el cual fundamenta que le otorgó la libertad a Díaz porque la prisión preventiva había sido solicitada por la fiscalía para que se pudiera realizar la cámara Gesell a la víctima, y que como esa prueba ya se había producido, no se podía sostener la cautelar. Cuando, en la misma audiencia, la fiscalía insistió en el reclamo, y pidió que la detención se sostenga porque debían tomarse más testimonios, el juez contestó que no le correspondía a la fiscalía introducir nuevos elementos en esa audiencia para justificar la cautelar.

El dictamen

Con el escollo judicial al rojo vivo en los medios de comunicación y con la responsabilidad sobre la reiteración del ataque que sufrió la víctima, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, ordenó una investigación administrativa sobre el desempeño de los tribunales que intervinieron en el caso, es decir, sobre Gustavo Gon. 

El informe deberá ser elaborado por el fiscal de Cámara Nº 1 de Santa Fe, Miguel Ángel Molinari, quien deberá entregar los resultados al máximo tribunal en un plazo de 30 días. El dictamen que surja de ese informe será clave. Si se detecta que hubo algún tipo de error por parte del magistrado, el escrito sería enviado al Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien podría presentarlo directamente ante el Tribunal de Enjuiciamiento. 

La audiencia de abril 

Martín Díaz fue detenido por primera vez, el 27 de febrero pasado, cuando su hija de 15 años logró contactar a su mamá, y contarle que era abusada por su padre desde que tenía nueve años. En aquel momento, el fiscal Leandro Benegas le imputó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, ambos agravados por el vínculo. Al día siguiente, en una nueva audiencia pidió que se le dicte la prisión preventiva por tres meses, para que la víctima pudiera contar lo que le había pasado en cámara Gesell sin que él pudiera hostigarla. La defensa se negó al pedido, alegaron que con medidas alternativas era suficiente, pero el juez finalmente decidió aplicar la medida cautelar, pero por un plazo de 70 días. 

En el mes de abril, unos 10 días antes de que se cumpliera ese plazo, se realizó la cámara Gesell. Entonces, el defensor de Díaz, José Luis Estévez, pidió que se revoque la cautelar con el argumento de que la prueba por la cuál había sido otorgada ya se había realizado. En esa misma audiencia, la fiscalía se opuso a que se le diera la libertad a Díaz. En primer término, el fiscal Benegas dijo que aún no estaba cumplido el plazo de los 70 días de prisión preventiva, y además dijo que de la cámara Gesell habían surgido nuevos elementos para solicitar más pruebas testimoniales que también corrían riesgo si el imputado estaba en libertad. Fue entonces cuando el juez dijo que la fiscalía no podía incorporar nuevos elementos en ese pedido de prisión preventiva e hizo lugar al reclamo de la defensa: le otorgó la libertad a Díaz, con algunas medidas de restricción como prohibición de acercarse a la víctima o contactarla por cualquier medio. 

Fuentes cercanas al juez explicaron que como la fiscalía no solicitó la prórroga de la prisión preventiva, y que como con el nuevo sistema procesal penal el juez no puede disponer de oficio ningún tipo de medidas, al magistrado no le quedó más alternativa que hacer lugar al reclamo de la defensa. Sin embargo, Benegas ayer volvió a hacer hincapié en que aún tenía unos 10 días para realizar ese pedido. 

Poco después de ser liberado, Díaz volvió a amedrentar a su hija, hasta que el miércoles a la noche la encontró caminando hacia su casa y la golpeó hasta casi desmayarla, la llevó hasta un descampado y la volvió a violar. En la madrugada del jueves el hombre volvió a ser detenido y se le realizó una ampliación de la imputación, por la cual ahora permanece detenido preventivamente sin plazo.

Información sensible

El defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, ordenó la reincorporación de Manuel Díaz a su puesto de trabajo en el Servicio Público de la Defensa, a partir del 1 de junio. Así lo decretó luego de la audiencia en la que Díaz fue excarcelado “por no haberse verificado faltas autónomas ni cumplimentados los requisitos para la prórroga de dicha medida”, detalló el funcionario. 

“La única decisión que tomé en relación a su caso fue suspenderlo por 90 días de su trabajo en la defensoría”, dijo Ganón y agregó que cuando se lo reincorporó, aún no había una resolución judicial sobre el estado procesal de Díaz. 

“La fiscalía demoró más de lo necesario en llevar adelante una investigación de un hecho gravísimo, donde los elementos de prueba ya estaban incorporados”, aseguró y opinó que quién tiene que rendir cuentas es el fiscal regional: “Es el máximo responsable de todo lo que pasó, el fiscal regional es Eladio García, debía acusar y no lo hizo, Díaz tenía una declaración imputativa y nada más”. 

De esta manera, Ganón se defendió de las críticas de la mamá de la víctima, quien cuestionó que Díaz haya sido reincorporado a un cargo tan sensible como es el que tenía en el servicio público de defensa, donde tiene acceso a información muy detallada no solo de su propia causa sino también de muchísimas otras similares.