El Departamento de Estado norteamericano sacó oficialmente a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, en la que estaba desde marzo de 1982, lo que elimina uno de los principales obstáculos en las negociaciones para la apertura de embajadas en Washington y La Habana. La decisión ocurre 45 días después de que el gobierno de Barack Obama informara al Congreso su intención de levantar la disposición. Los legisladores tuvieron ese tiempo para pronunciarse sobre la medida, y tratar de bloquearla, pero no lo hicieron, lo que despejó el camino para que el Secretario de Estado, John Kerry, derogara la designación que hacía de Cuba un Estado patrocinador del terrorismo. De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos mantiene "significativas preocupaciones y divergencias" con Cuba en diversos asuntos, pero que están "fuera de los criterios relevantes a la rescisión" de su designación dentro de la polémica lista.

Por su parte, la televisión cubana consideró que la isla "nunca debió estar" en esa nómina. "Para el gobierno cubano era una cuestión moral que la isla fuera extraída de esa lista, porque por décadas fue víctima del terrorismo e incluso nuestros servicios de inteligencia colaboraron a evitar actos terroristas contra Estados Unidos", señaló un comentarista. Agregó que la decisión de Obama es positiva para Cuba, pero hizo "un llamado a la calma" porque "normalizar las relaciones entre los dos países no queda ahí", porque entre otros elementos de Washington contra Cuba, se mantiene "el bloqueo".

La exclusión de Cuba de esta lista ocurre en momentos en que funcionarios de ambos países siguen trabajando en los detalles para un eventual restablecimiento pleno de sus relaciones diplomáticas, que incluye la apertura de las respectivas embajadas en Washington y La Habana y el retorno de los embajadores a ambas delegaciones por primera vez desde que Estados Unidos cortó relaciones diplomáticas con la isla en enero de 1961. La remoción de Cuba de esta lista negra fue una de las demandas clave realizada por La Habana recientemente. Su imposición, realizada por Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría, obedecía al apoyo que el gobierno de Fidel Castro le había otorgado a grupos guerrilleros e imposibilitó el acceso del país caribeño a buena parte del sistema financiero internacional pues los bancos temían afrontar represalias por realizar transacciones con los gobiernos de los países que cargan con esta designación a cuestas. Incluso, la oficina de Intereses de Cuba en Washington no pudo continuar haciendo transacciones con un banco de ese país, lo que obligó a la delegación a realizar sus operaciones en efectivo hasta que encontró una nueva institución financiera este mes.

A la hora de justificar su decisión, la Casa Blanca argumentó que "el gobierno de Cuba no brindó ningún apoyo al terrorismo internacional en el último período de seis meses", así como aseguró que "no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro".

Pero aun con el retiro de varios de los principales obstáculos, incluyendo la exclusión de Cuba de la lista negra, Washington y La Habana siguen debatiendo el pedido estadounidense de que sus diplomáticos puedan viajar por la isla sin restricciones así como la posibilidad de reunirse con los disidentes. Los cubanos sospechan que Estados Unidos pueda adelantar actividades que consideran desestabilizadoras para su gobierno. La negociación deberá lidiar también con cuestiones más complicadas como el embargo, que sólo el Congreso estadounidense puede levantar, el futuro de la prisión militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo y la democracia en Cuba. Al respecto, el vocero del Departamento de Estado Jeff Rathke puso de manifiesto que la remoción de Cuba del listado no suspende los efectos del bloqueo económico y comercial por parte de Estados Unidos, codificado en ley.