El controvertido juez Horacio Piombo renunció como docente de la facultad de Derecho de Universidad Nacional de La Plata (UNLP), luego de la polémica que se desató cuando, junto al magistrado Benjamín Sal Llargués, redujera la pena de un abusador por la presunta orientación de género de la víctima, un niño de seis años.

En la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de Derecho en la UNLP, donde se analizaba el pedido de estudiantes para iniciar juicio académico contra ambos jueces bonaerenses, se confirmó la renuncia de Piombo como profesor titular en la cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

La Federación Universitaria de La Plata (Fulp) había solicitado la semana pasada que se le abriera juicio académico a Piombo y Sal Llargués. La manifestación que la Fulp realizaba frente a la sede de la facultad, en la capital bonaerense, celebró la decisión de Piombo de renunciar.

Luego de la polémica reducción de pena al acusado de una violación a un menor, Sal Llargués y Piombo argumentaron que el hecho no podía considerarse ultrajante porque el nene -hoy de once años- tenía una “orientación sexual definida”, indicaron, porque había sido abusado por su padre. El fallo de los magistrados fue apelado y se encuentra a consideración de la Suprema Corte bonaerense.

Mientras tanto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), junto con otras organizaciones y referentes de derechos humanos, presentó un pedido de juicio político a los jueces Piombo y Sal Llargués

La presentación constituye el segundo escrito contra los mismos integrantes de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires que se pone a consideración del Consejo de la Magistratura de la provincia.

“Fundamentalmente, el fallo revictimiza al niño y vulnera los derechos consagrados en la convención y la ley de protección integral”, aseguró Esteban Paulón, presidente de la FALGBT.

Para el activista “es inadmisible que consideraciones sobre la orientación sexual e identidad de género puedan resultar relevantes para atenuar una pena”, y recordó que, “en el caso de abuso sexual, en nuestro sistema legal no hay consentimiento posible en los menores de edad”.

“Por otro lado, este planteo por el cual pareciera que la gravedad del ultraje disminuye en la medida que se reitera situación de abuso queda a la puertas de plantear que la responsabilidad es del niño: el delito no es menos grave porque sea reiterado”, agregó.

Por todas estas razones, para Paulón “esta gente no puede seguir detentando un cargo en la Cámara de Casación desde el cual deciden, con criterios totalmente discriminatorios, misóginos y prejuiciosos, sobre la vida, la libertad y la integridad de millones de bonaerenses”.