El representante en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y diputado nacional por el GEN, Gerardo Milman, volvió a cuestionar seriamente a la presidenta Cristina Fernández por el uso indebido de la cadena nacional al señalar que "se están violando los derechos del público a elegir la programación".

En declaraciones a La Ocho, Milman consideró que hay una violación de la ley en el uso de la cadena nacional por parte del gobierno nacional "por muchos motivos. Para empezar, el artículo 75 de la que conocemos como Ley de Medios plantea tres hipótesis. Una, la excepcionalidad. La señora presidenta anunció en la cadena la semana pasada que la iba a usar dos veces por semana, por lo que la excepcionalidad se convierte en regla. La otra hipótesis es gravedad institucional. La verdad que mostrar el perro de la señora presidenta, inaugurar una fábrica de salchichas o promover a los candidatos del Frente para la Victoria, como ha hecho en cadena, no son situaciones de gravedad institucional. Bueno, puede pasar que uno entienda que un candidato del FpV gobierne en un territorio puede ser grave para esos ciudadanos. es una ironía, pero la verdad que ha usado la cadena para promover a Miguel Pichetto como candidato a la gobernación. No hay otra fuerza política que pueda usar la cadena para promover sus candidatos, con lo cual se genera una simetría fenomenal."

Milman amplió que "Lo tercero, y lo que que puede entrar más en debate, es la trascendencia institucional. Hoy escuchamos al jefe de Gabinete, o ayer al presidente del organismo que integro, Martín Sabatella, decir que quien define la trascendencia es la presidenta de la Nación. Si ellos tuvieran razón, por el absurdo digo que si la presidenta resolviera que todos los actos de ella son trascendentes podríamos tener un Gran Hermano de Cristina las 24 horas desde Olivos. El diccionario de la Real Academia Española define trascendente como lo importante o grave. Por eso conocer el nombre del perro no es ni importante ni grave".

"Pero hay otros problemas -abundó el legislador y representante por la oposición en el Afsca-, no sólo del artículo 75. Se está violando el derecho del público a elegir la programación. Tenemos el derecho negativo de poder apagar el TV o la radio, pero no el derecho positivo. Si ella decidiera que en tu programa va a ser cadena nacional todos los días, tu programa no existe más, yo no lo puedo escuchar más y todos perdemos nuestros derechos, incluso la de los anunciantes. Y hay una asimetría muy grandes con el resto de las fuerzas políticas".

Cuando se le preguntó el porqé no habían hecho la presentación con anterioridad, teniendo en cuenta el informe periodístico que indica que la presidenta habló más de 4.600 minutos en 121 cadenas nacionales durante su mandato, Milman desmenuzó que "yo hice un estudio de legislación comparada en la región. Tenemos tres tipos de países. Hay países como Chile, que no tiene cadenas obligatorias. La presidenta Bachelet el año pasado hizo cinco solamente, pero ante situaciones que ameritan las cadenas nacionales, como los terremotos que padecieron. Hay países como Brasil, que tienen regulaciones, que el año pasado hizo 23 cadenas, 22 de las cuales fueron para promocionar los mensajes de los partidos políticos. Y otro conjunto de países, como Argentina, Venezuela -que usó 80 dias de cadena nacional-, Ecuador, donde el presidente Correa lleva 1.283 cadenas, y ahí nos inscribimos".

"Lo que hice antes, como diputado -prosiguió el integrante de la Afsca-,  fue presentar una ley para intentar regular. Como director del Afsca presenté un proyecto dentro del organismo. Somos siete directores de los cuales cinco responden al oficialismo, con lo cual voy a perder el debate. Agotados todos los recursos administrativos no me queda otra situación que ir a la Justicia. Voy con la denuncia en el fuero penal, aunque soy consciente que una denuncia penal contra la presidenta no se resuelve en cinco minutos y puede durar más que el mandato de la presidenta. Por eso voy también con una medida de amparo, para que un juez, y ojalá me toque un juez independiente, no que prohíba las cadenas, sino que las haga usar como dice la ley".

Acerca de los dichos del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo hoy que "presenten 740 mil denuncias contra el uso de la cadena nacional, nosotros las vamos seguir haciendo igual", el legislador señaló: "Bueno, yo difiero con lo que dice el Jefe de Gabinete. Si el juez dice que está bien lo que hace la presidenta, acato el fallo. Este es un gobierno que cree que en la democracia no hay poderes independientes y que los fallos de la Justicia son papel higiénico. No es el primer fallo que desacataría el gobierno. Hay un fallo de la Corte que dice que le tiene que pagar el 82% móvil a los jubilados, sin embargo especulan con que los jubilados se mueran. No es la democracia en la que yo creo".

Y redondeó: "El amparo sí es una medida que tiene la obligación de resolver con rapidez. Y si resuelve a favor de nuestro planteo le dirá a la señora presidenta en qué circunstancias deberá usar este mecanismo que está legislado en la Argentina y en qué circunstacias no. Independientemente de que corra la cuestión de fondo, que es la denuncia penal. Eso servirá no sólo para esta presidenta, porque esto no es una cuestión personal, sino para los proximos presidentes".